lunes, 29 de diciembre de 2014
Prisioneros del Estado
Mario Samuel Rico / La Carpa.com.mx
Sin embargo, Cinthia Nava y Patricia Campos han señalado que mientras enfrentaron un juicio por delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y estaban presas en el área femenil del penal federal El Rincón, en Tepic, Nayarit, fueron víctimas de tortura.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ahora sí queda claro, sin embargo, estos no son los únicos casos de tortura en los que abandonadas ante la fuerza y el silencio del Estado, muchas víctimas deben pasar el resto de sus vidas sin más que una recomendación institucional.
A inicios del 2014 en su informe anual, Human Right Watch[1]destaca que en lo que va del este sexenio es común esta práctica para obtener información y confesiones bajo coacción; lo cual incluye las detenciones arbitrarias, en donde las víctimas son llevadas tanto a centros de detención clandestinos, como bases militares antes de ser presentadas ante el Ministerio Público.
Las prácticas de tortura que menciona dicho informe incluyen: golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual ya sea en hombres o en mujeres. Por otra parte, destaca que entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Esto es, en cuanto a aquellos que son presentados ante una autoridad, pero quedan aún aquellos que nunca vuelven a ver la luz después de que son capturados por los agentes del Estado; éste es el caso del Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero[2] (Comverdad), de apenas el 15 de octubre de 2014.
Este informe de más de 230 páginas pone en evidencia los añejos acontecimientos de la Guerra sucia; antecedentes de lo que actualmente ocurre en Iguala y la manera en la que ha evolucionado la acción gubernamental en contra de los ciudadanos y habitantes que buscaban participar de un modo u otro en algún movimiento social.
Por supuesto la tortura destaca por su crudeza y crueldad; lo que vemos ahora no es nada nuevo en comparación con lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años; puede verse así, que Iguala no es un “hecho aislado” que despertó las conciencias, sino que es un caso más en el que sistemáticamente la seguridad y la vida de las personas es violentada por parte de la policía y en especial por el ejército.
Guerrilleros, criminales, víctimas, prostitutas.
Al final y lo más importante, ciudadanos y personas, tanto estas dos mujeres; como las miles de víctimas a través de los años y gobiernos; y de la cotidiana práctica de la tortura en México; no tienen más que palabras y en algunos casos silencio por parte de los organismos que deberían defenderlos.
Solo tienen una esperanza; que se conozca la verdad y que cada vez más personas se decidan a levantar la voz por medio del testimonio documentado y la denuncia; en definitiva: nunca permanecer indiferente.
[1]http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_4.pdf
[2]http://ep00.epimg.net/descargables/2014/11/16/a3dc8aa7589ef08650c9bfc5cc7f762b.pdf
domingo, 28 de diciembre de 2014
Entre el hartazgo y la desgracia
Por: Mario Samuel Rico / La Carpa.com.mx
Nuevamente y en lejanos parajes, abandonadas y sin justicia, tres
casos han abierto los ojos de la opinión pública y nos hacen ver las
estadísticas; el Estado nuevamente no ha cumplido con su deber y con
ofensivos discursos busca ocultar que los casos de feminicidio en México
han aumentado por lo menos 40%, a lo largo de los últimos 7 años, según
datos del informe De Sobrevivientes a Defensoras Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala[1].
Foto Cuarto Oscuro
En estos casos, la autoridad como en el caso del Estado de México; primer lugar en feminicidios en el país con 7,767 casos (reportados) de los 84,082 a nivel nacional, según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres[2], tiene mucho que decir pero prefiere escudarse en cifras alegres o evitar las declaraciones.
Por un lado el caso de Liliana Morales Flores, una adolescente de 12 años, secuestrada y asesinada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al salir de su escuela el 24 de noviembre pasado; víctima posiblemente de un secuestro por un conocido de la familia de nombre Iván Bazán Landeros, de 29 años, según datos del procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez.
Otro más, el de Anayeli Bautista Tecpa, de 23 años, reconocida como una estudiante de excelencia de la Facultad de Química de la UNAM, en la Ciudad de México, el pasado 7 de diciembre; víctima también de secuestro y asesinato, su cuerpo terminó en una zona boscosa del poblado de Magdalena Petlacalco, en la delegación Tlalpan.
Y el de mayor barbarie, el de Erika Kassandra Bravo Caro, de 19 años, el 6 de diciembre, apuñalada y con el rostro desollado, fue encontrada a la orilla de la carretera Uruapan – Los Reyes, Michoacán, cerca de una zona conocida como Las Cocinas. Sin duda el más terrible de los tres, tanto por el grado de crueldad como por la reacción del gobierno de Salvador Jara Guerrero, al buscar encasillarlo como caso aislado y apostándole al olvido.
Por otra parte y algo que debe de tomarse en cuenta, es que de los casos registrados de violencia contra la mujer, es precisamente dentro del hogar en donde ocurren la mayoría de las acciones violentas y feminicidios, según el informe: Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009[3].
En el cual se describe que la forma más común de violencia dentro del hogar es la psicológica mientras que las principales formas de feminicidio son por medio de ahorcamiento, sofocación, utilización de objetos cortantes, ahogamiento e inmersión, envenenamiento y por último arma de fuego.
Es aquí en donde nuevamente el Estado promueve la impunidad por conducto de los correspondientes códigos penales, pues tanto dentro como fuera del hogar existen atenuantes para estos crímenes como por ejemplo el “estado de emoción violenta” o la “razón de honor”.
Justificaciones legales de la violencia contra la mujer, pues al momento de alegar un crimen pasional, éste pasa a segundo término y pierde la importancia mediática y política para una autoridad, que como en el caso michoacano puede evadirlo el tiempo suficiente para que al final una herida quede abierta por años y una carpeta guarde el caso hasta la próxima administración.
De un modo u otro, es el Estado el responsable de la constante barbarie en contra de las mujeres; el hogar es el origen, pero la autoridad en vez de ser eco y respaldo de las víctimas se convierte en un desinteresado y morboso testigo que también en lo privado practica esta violencia contra sus propias mujeres.
[1] http://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/sp_nwi-mexico_centralamerica-lr.pdf
[2] https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
[3] http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf
Foto Cuarto OscuroEn estos casos, la autoridad como en el caso del Estado de México; primer lugar en feminicidios en el país con 7,767 casos (reportados) de los 84,082 a nivel nacional, según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres[2], tiene mucho que decir pero prefiere escudarse en cifras alegres o evitar las declaraciones.
Por un lado el caso de Liliana Morales Flores, una adolescente de 12 años, secuestrada y asesinada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al salir de su escuela el 24 de noviembre pasado; víctima posiblemente de un secuestro por un conocido de la familia de nombre Iván Bazán Landeros, de 29 años, según datos del procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez.
Otro más, el de Anayeli Bautista Tecpa, de 23 años, reconocida como una estudiante de excelencia de la Facultad de Química de la UNAM, en la Ciudad de México, el pasado 7 de diciembre; víctima también de secuestro y asesinato, su cuerpo terminó en una zona boscosa del poblado de Magdalena Petlacalco, en la delegación Tlalpan.
Y el de mayor barbarie, el de Erika Kassandra Bravo Caro, de 19 años, el 6 de diciembre, apuñalada y con el rostro desollado, fue encontrada a la orilla de la carretera Uruapan – Los Reyes, Michoacán, cerca de una zona conocida como Las Cocinas. Sin duda el más terrible de los tres, tanto por el grado de crueldad como por la reacción del gobierno de Salvador Jara Guerrero, al buscar encasillarlo como caso aislado y apostándole al olvido.
Por otra parte y algo que debe de tomarse en cuenta, es que de los casos registrados de violencia contra la mujer, es precisamente dentro del hogar en donde ocurren la mayoría de las acciones violentas y feminicidios, según el informe: Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009[3].
En el cual se describe que la forma más común de violencia dentro del hogar es la psicológica mientras que las principales formas de feminicidio son por medio de ahorcamiento, sofocación, utilización de objetos cortantes, ahogamiento e inmersión, envenenamiento y por último arma de fuego.
Es aquí en donde nuevamente el Estado promueve la impunidad por conducto de los correspondientes códigos penales, pues tanto dentro como fuera del hogar existen atenuantes para estos crímenes como por ejemplo el “estado de emoción violenta” o la “razón de honor”.
Justificaciones legales de la violencia contra la mujer, pues al momento de alegar un crimen pasional, éste pasa a segundo término y pierde la importancia mediática y política para una autoridad, que como en el caso michoacano puede evadirlo el tiempo suficiente para que al final una herida quede abierta por años y una carpeta guarde el caso hasta la próxima administración.
De un modo u otro, es el Estado el responsable de la constante barbarie en contra de las mujeres; el hogar es el origen, pero la autoridad en vez de ser eco y respaldo de las víctimas se convierte en un desinteresado y morboso testigo que también en lo privado practica esta violencia contra sus propias mujeres.
[1] http://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/sp_nwi-mexico_centralamerica-lr.pdf
[2] https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
[3] http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf
sábado, 27 de diciembre de 2014
Libertad condicionada
SM Rico
México D.F. diciembre 5, 2014 Apenas hace un día fueron liberados los estudiantes que se
encontraban en incertidumbre por la decisión del juez que les había
atribuido varios delitos, de entre los cuales, el más grave era el de
“ataque a la paz pública” supuestamente por participar en los desmanes
de la marcha del primero de diciembre (1Dmx).
En un principio el juez determinó, en la madrugada, una fianza de 18 mil 500 pesos a cada inculpado, algo que se modificó con el cambio de turno en cuestión de horas, para convertirse a las nueve de la mañana en la cantidad de 106 mil pesos, según explicó la defensa de los jóvenes.
Un castigo ejemplar para quien ejerce o su libertad de tránsito o la libertad de expresión; cualquiera que sea el caso, el claro mensaje es que nuestra libertad está limitada a no evidenciar las fallas y complicidades del gobierno en turno y a no ser incómodo a riesgo de caer en la maquinaria abusiva de la ya conocida burocracia legal capitalina.
El gobierno de la Ciudad de México no da la cara y responde con excusas sobre los abusos y lesiones cometidos por la policía, lo que evidencia una demostración de poder ante los manifestantes; una invitación a no estorbar y guardar silencio ante la falta de eficacia de los tres niveles de gobierno y la inseguridad.
A lo largo de dos años, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de aparentar ser una izquierda progresista se ha transformado en una burocracia cobarde y poco eficaz, que infiltra a sus funcionarios en las manifestaciones en complicidad con la policía federal para lograr el desaliento y el miedo; sin embargo la evidencia en video y foto de estas prácticas lo han evidenciado ante el mundo.
Poco a poco y en cada nueva tragedia se ha fortalecido por sí misma una sociedad sometida por la comodidad o por el miedo; la comodidad de ver las luchas sociales desde una pantalla y por conducto de lo que se filtra por la televisión, o también por el miedo, el recelo de alzar la voz y quedar señalado como “revoltoso”.
La libertad que gozan los mexicanos de manifestarse en las calles está condicionada y parece ficticia, pues más allá de los límites del respeto al derecho de los terceros se ha visto con descaro en las calles, como son detenidos e inculpados con frecuencia ciudadanos inocentes que ni siquiera estaban presentes en las marchas.
Las autoridades capitalinas que capturaron y encarcelaron injustamente a más de tres estudiantes en la marcha del primero de diciembre pasado, han mostrado una constante desde hace dos años: el limitar el derecho de expresión y buscar culpables en los extremos de las marchas, para justificar una agresión cada vez más frecuente.
A nivel federal, el gobierno del presidente Peña Nieto apuesta al olvido y a superar muchas pérdidas y carencias no resueltas por su gabinete; los empresarios turísticos están perdiendo dinero con cada día que pasa y por decreto, y nuevamente usando a los que menos tienen como chantaje, el gobierno pide fríamente regresar a la “normalidad”.
Al final, especialmente en la Ciudad de México, la otrora ciudad de la esperanza y ahora del descontento social, vivimos en una libertad condicionada y queda muy claro que con los recursos públicos se mantiene a una burocracia inútil y con funcionarios que sirven a propósitos dudosos, una autoridad a la que deberíamos dejarle muy claro que: “No te pago para que me pegues”.
Foto: Cuartoscuro
En un principio el juez determinó, en la madrugada, una fianza de 18 mil 500 pesos a cada inculpado, algo que se modificó con el cambio de turno en cuestión de horas, para convertirse a las nueve de la mañana en la cantidad de 106 mil pesos, según explicó la defensa de los jóvenes.
Un castigo ejemplar para quien ejerce o su libertad de tránsito o la libertad de expresión; cualquiera que sea el caso, el claro mensaje es que nuestra libertad está limitada a no evidenciar las fallas y complicidades del gobierno en turno y a no ser incómodo a riesgo de caer en la maquinaria abusiva de la ya conocida burocracia legal capitalina.
El gobierno de la Ciudad de México no da la cara y responde con excusas sobre los abusos y lesiones cometidos por la policía, lo que evidencia una demostración de poder ante los manifestantes; una invitación a no estorbar y guardar silencio ante la falta de eficacia de los tres niveles de gobierno y la inseguridad.
A lo largo de dos años, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de aparentar ser una izquierda progresista se ha transformado en una burocracia cobarde y poco eficaz, que infiltra a sus funcionarios en las manifestaciones en complicidad con la policía federal para lograr el desaliento y el miedo; sin embargo la evidencia en video y foto de estas prácticas lo han evidenciado ante el mundo.
Poco a poco y en cada nueva tragedia se ha fortalecido por sí misma una sociedad sometida por la comodidad o por el miedo; la comodidad de ver las luchas sociales desde una pantalla y por conducto de lo que se filtra por la televisión, o también por el miedo, el recelo de alzar la voz y quedar señalado como “revoltoso”.
La libertad que gozan los mexicanos de manifestarse en las calles está condicionada y parece ficticia, pues más allá de los límites del respeto al derecho de los terceros se ha visto con descaro en las calles, como son detenidos e inculpados con frecuencia ciudadanos inocentes que ni siquiera estaban presentes en las marchas.
Las autoridades capitalinas que capturaron y encarcelaron injustamente a más de tres estudiantes en la marcha del primero de diciembre pasado, han mostrado una constante desde hace dos años: el limitar el derecho de expresión y buscar culpables en los extremos de las marchas, para justificar una agresión cada vez más frecuente.
A nivel federal, el gobierno del presidente Peña Nieto apuesta al olvido y a superar muchas pérdidas y carencias no resueltas por su gabinete; los empresarios turísticos están perdiendo dinero con cada día que pasa y por decreto, y nuevamente usando a los que menos tienen como chantaje, el gobierno pide fríamente regresar a la “normalidad”.
Al final, especialmente en la Ciudad de México, la otrora ciudad de la esperanza y ahora del descontento social, vivimos en una libertad condicionada y queda muy claro que con los recursos públicos se mantiene a una burocracia inútil y con funcionarios que sirven a propósitos dudosos, una autoridad a la que deberíamos dejarle muy claro que: “No te pago para que me pegues”.
Foto: Cuartoscuro
lunes, 15 de diciembre de 2014
domingo, 14 de diciembre de 2014
domingo, 7 de diciembre de 2014
jueves, 4 de diciembre de 2014
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