Hugo Rangel Vargas
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| Foto de mx.globedia.com/ |
En la sala de su casa, el 2 de enero del presente año, fue asesinada la apenas recién electa presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota; quien llevaba apenas unas horas al frente del cargo y que pronto encontró el fin de su vida a manos de sicarios que presumiblemente pertenecen al grupo denominado “Los Rojos”, célula armada al Cartel del Golfo.
Aquellas percusiones arteras que cobraron la vida de la alcaldesa de extracción perredista, parecen haber pasado también factura sobre el futuro político de Graco Ramírez, gobernador de aquella entidad; quien apenas días anteriores al asesinato había hecho manifiestas sus aspiraciones presidenciales en un encuentro privado con perredistas en Cuernavaca.
Una consecuencia adicional del fatal crimen de la edil morelense, es que ha puesto el dedo en la llaga sobre otros asesinatos de presidentes y funcionarios públicos municipales, que a decir de la Asociación de Autoridades Locales de México, ha llegado a casi 100 los ediles y más de mil funcionarios municipales liquidados en los últimos 10 años. En Michoacán por ejemplo, continúa sin esclarecerse el asesinato del regidor de Penjamillo, Rubén Magaña Reyes, quien fuera privado de su libertad y posteriormente encontrado sin vida apenas el año pasado.
La frágil seguridad y los riesgos personales a los que están expuestas las autoridades municipales, son producto de un debilitamiento gradual de los cuerpos de seguridad en ese orden de gobierno, los cuales tienen que hacer frente con escasos recursos, limitada capacitación técnica y precarios medios de trabajo a un crimen bogante en economías. Frente a ello la panacea de la retórica oficial ha sido la de la concentración del mando policial en los gobernadores de las entidades.
