Pablo Gómez
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Peña Nieto quiere regentar la Ciudad de México mediante un plan para hacerse de más de un tercio de la Asamblea Constituyente. Pero el presidente de la República no tiene proyecto alguno para la carta fundamental de la ciudad sino sólo aspira a detener cualquier intento de expedir algo que pudiera ser ejemplo social y democrático para el resto del país.
En lugar de la conversión de la capital en un estado de la Federación, la Ciudad de México seguirá siendo diferente en algunos aspectos, entre ellos que no podrá tener ayuntamientos propiamente dichos debido a que la Constitución federal se lo impide. Así que la carta que habrá de expedirse ya de por sí va a tener ciertos límites infranqueables.
Sin embargo, la ciudad podría sellar varios derechos, algunos que ya tiene y otros que debe y puede tener, los cuales rebasarían a la carta fundamental de la República y a las constituciones de los estados. Como esto es lo que se quiere impedir, el Congreso expidió una “constitución de bolsillo” en los transitorios del decreto de reformas, de tal manera que 40 de un total de 100 diputados (más de un tercio) serán designados por poderes constituidos, lo cual está prohibido en la Carta Magna.
La representación de los ciudadanos y ciudadanas es invariablemente de elección popular. Nadie puede representar al pueblo sin ser elegido por el mismo. Hay cargos nombrados por el Ejecutivo o el Legislativo (y por ambos), puede haber presidente interino o provisional sin una elección popular, pero en México no hay diputados ni senadores designados. Los constituyentes de la Ciudad de México que serán nombrados por el presidente, el jefe de gobierno y las cámaras serán biónicos porque su existencia como tales se desprenderá de algo artificial y no de una elección.


















