Pablo Gómez
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El debate sobre las drogas no se ha abierto con la
resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar
mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A
partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo
verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse
pronto y arrojar soluciones efectivas.
Sería perder el
tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la
salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha
demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser
tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco – extendidos problemas de
salud – mucho menos debe mantenerse prohibida.
El problema que hay que plantear es el control del Estado
sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo
que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para
desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia
cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la
mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver
el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se
mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.
De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto
comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí
sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el
carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en
el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo
pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las
drogas actualmente prohibidas.
La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con
atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana.
Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los
partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras
distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como
están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo
como se desprende del sistema político de la Constitución.
Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema
se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado
termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con
una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los
bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la
izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que
combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se
muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el
plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas
que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos
en hacerlo.
Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto
la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de
despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza
la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación
organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es
parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general.
Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del
sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción
y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere
decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de
los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado
paralelo ilegal.
Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero
éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar
tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo
indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que
este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un
lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las
libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al
menos, no deberían de serlo.
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