SM Rico
México D.F. diciembre 5, 2014 Apenas hace un día fueron liberados los estudiantes que se
encontraban en incertidumbre por la decisión del juez que les había
atribuido varios delitos, de entre los cuales, el más grave era el de
“ataque a la paz pública” supuestamente por participar en los desmanes
de la marcha del primero de diciembre (1Dmx).
En un principio el juez determinó, en la madrugada, una fianza de 18 mil 500 pesos a cada inculpado, algo que se modificó con el cambio de turno en cuestión de horas, para convertirse a las nueve de la mañana en la cantidad de 106 mil pesos, según explicó la defensa de los jóvenes.
Un castigo ejemplar para quien ejerce o su libertad de tránsito o la libertad de expresión; cualquiera que sea el caso, el claro mensaje es que nuestra libertad está limitada a no evidenciar las fallas y complicidades del gobierno en turno y a no ser incómodo a riesgo de caer en la maquinaria abusiva de la ya conocida burocracia legal capitalina.
El gobierno de la Ciudad de México no da la cara y responde con excusas sobre los abusos y lesiones cometidos por la policía, lo que evidencia una demostración de poder ante los manifestantes; una invitación a no estorbar y guardar silencio ante la falta de eficacia de los tres niveles de gobierno y la inseguridad.
A lo largo de dos años, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de aparentar ser una izquierda progresista se ha transformado en una burocracia cobarde y poco eficaz, que infiltra a sus funcionarios en las manifestaciones en complicidad con la policía federal para lograr el desaliento y el miedo; sin embargo la evidencia en video y foto de estas prácticas lo han evidenciado ante el mundo.
Poco a poco y en cada nueva tragedia se ha fortalecido por sí misma una sociedad sometida por la comodidad o por el miedo; la comodidad de ver las luchas sociales desde una pantalla y por conducto de lo que se filtra por la televisión, o también por el miedo, el recelo de alzar la voz y quedar señalado como “revoltoso”.
La libertad que gozan los mexicanos de manifestarse en las calles está condicionada y parece ficticia, pues más allá de los límites del respeto al derecho de los terceros se ha visto con descaro en las calles, como son detenidos e inculpados con frecuencia ciudadanos inocentes que ni siquiera estaban presentes en las marchas.
Las autoridades capitalinas que capturaron y encarcelaron injustamente a más de tres estudiantes en la marcha del primero de diciembre pasado, han mostrado una constante desde hace dos años: el limitar el derecho de expresión y buscar culpables en los extremos de las marchas, para justificar una agresión cada vez más frecuente.
A nivel federal, el gobierno del presidente Peña Nieto apuesta al olvido y a superar muchas pérdidas y carencias no resueltas por su gabinete; los empresarios turísticos están perdiendo dinero con cada día que pasa y por decreto, y nuevamente usando a los que menos tienen como chantaje, el gobierno pide fríamente regresar a la “normalidad”.
Al final, especialmente en la Ciudad de México, la otrora ciudad de la esperanza y ahora del descontento social, vivimos en una libertad condicionada y queda muy claro que con los recursos públicos se mantiene a una burocracia inútil y con funcionarios que sirven a propósitos dudosos, una autoridad a la que deberíamos dejarle muy claro que: “No te pago para que me pegues”.
Foto: Cuartoscuro
En un principio el juez determinó, en la madrugada, una fianza de 18 mil 500 pesos a cada inculpado, algo que se modificó con el cambio de turno en cuestión de horas, para convertirse a las nueve de la mañana en la cantidad de 106 mil pesos, según explicó la defensa de los jóvenes.
Un castigo ejemplar para quien ejerce o su libertad de tránsito o la libertad de expresión; cualquiera que sea el caso, el claro mensaje es que nuestra libertad está limitada a no evidenciar las fallas y complicidades del gobierno en turno y a no ser incómodo a riesgo de caer en la maquinaria abusiva de la ya conocida burocracia legal capitalina.
El gobierno de la Ciudad de México no da la cara y responde con excusas sobre los abusos y lesiones cometidos por la policía, lo que evidencia una demostración de poder ante los manifestantes; una invitación a no estorbar y guardar silencio ante la falta de eficacia de los tres niveles de gobierno y la inseguridad.
A lo largo de dos años, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de aparentar ser una izquierda progresista se ha transformado en una burocracia cobarde y poco eficaz, que infiltra a sus funcionarios en las manifestaciones en complicidad con la policía federal para lograr el desaliento y el miedo; sin embargo la evidencia en video y foto de estas prácticas lo han evidenciado ante el mundo.
Poco a poco y en cada nueva tragedia se ha fortalecido por sí misma una sociedad sometida por la comodidad o por el miedo; la comodidad de ver las luchas sociales desde una pantalla y por conducto de lo que se filtra por la televisión, o también por el miedo, el recelo de alzar la voz y quedar señalado como “revoltoso”.
La libertad que gozan los mexicanos de manifestarse en las calles está condicionada y parece ficticia, pues más allá de los límites del respeto al derecho de los terceros se ha visto con descaro en las calles, como son detenidos e inculpados con frecuencia ciudadanos inocentes que ni siquiera estaban presentes en las marchas.
Las autoridades capitalinas que capturaron y encarcelaron injustamente a más de tres estudiantes en la marcha del primero de diciembre pasado, han mostrado una constante desde hace dos años: el limitar el derecho de expresión y buscar culpables en los extremos de las marchas, para justificar una agresión cada vez más frecuente.
A nivel federal, el gobierno del presidente Peña Nieto apuesta al olvido y a superar muchas pérdidas y carencias no resueltas por su gabinete; los empresarios turísticos están perdiendo dinero con cada día que pasa y por decreto, y nuevamente usando a los que menos tienen como chantaje, el gobierno pide fríamente regresar a la “normalidad”.
Al final, especialmente en la Ciudad de México, la otrora ciudad de la esperanza y ahora del descontento social, vivimos en una libertad condicionada y queda muy claro que con los recursos públicos se mantiene a una burocracia inútil y con funcionarios que sirven a propósitos dudosos, una autoridad a la que deberíamos dejarle muy claro que: “No te pago para que me pegues”.
Foto: Cuartoscuro
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