Héctor
Tenorio
El gobierno de Vicente
Fox Quezada fue una decepción de principio a fin. Resultó lógico, 15 años después
de que el PRI perdiera la presidencia de la República por primera vez en 70
años, nadie festejó el inicio de la transición democrática. Tuvo el mérito
de sacar a los priístas de Los Pinos de manera pacífica
y su triunfo significó en teoría la culminación de un largo proceso
democratizador cuya fuerza provenía desde 1988, donde la oposición en el
Congreso de la Unión, la sociedad, así como algunos
medios de comunicación fueron interlocutores de un régimen renuente a los
cambios democráticos imperantes a nivel global.
Sin embargo, la
transición democrática mantiene un déficit, la cultura antidemocrática persiste. No existen mecanismos que
permitan a la población influir en las decisiones que les atañen. La mayoría de
los medios de comunicación obedecen a los intereses del poder. Nadie pone freno
a la corrupción. En cuestión de derechos humanos estamos reprobados. La
economía está estancada y el desempleo en ascenso. La impartición de justicia
es una utopía. La guerra contra el narcotráfico no tiene fin, solo por citar algunos
pendientes.
Sin duda la
fuga del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, de una cárcel de máxima seguridad, el 19 de enero de
2001, se convirtió en el símbolo de la corrupción que imperó en la
administración de Fox Quezada. Su mandato terminó envuelto en el escándalo, al
momento que las fuerzas federales sometieron violentamente a la Asamblea de los
Pueblos Populares de Oaxaca (APPO), por haber desconocido al gobierno de Ulises
Ruiz Ortiz cuya administración dejó una estela de sangre e injusticia. La
cereza del pastel fue el señalamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), cuando lo acusó de poner en peligro los comicios del
2006, al favorecer al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa.
Tocó fondo, a
pesar de contar con credenciales democráticas, el panista nunca se asumió como
un gobierno legítimo, prefirió heredar la estructura del poder pero sin los mecanismos
para hacerlo caminar: dejó a la deriva el corporativismo, piedra angular que
hacía funcionar el control sobre los distintos sectores de la sociedad. La
estabilidad del país pasó a depender de la responsabilidad de los actores
políticos en lo individual. No hubo manera de controlar los excesos de los
gobernadores, senadores o diputados. Las consecuencias hoy las padecemos.
El diario San Antonio Express-News ilustra este
drama al publicar que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés se reunió con el empresario Rolando González Treviño, quien
admitió haber lavado dinero de las arcas del estado. La confesión es una prueba
de la conspiración para endeudar a la entidad. Es necesario que las autoridades
citen a Moreira Valdés quien ha manifestado que no
existe una acusación formal del gobierno de Estados Unidos en su contra por
delito alguno.
A tres lustros
del 2000, el PAN se encuentra en crisis y renovará su dirigencia nacional el
próximo 16 de agosto para el período 2015-2018. El diputado con licencia,
Ricardo Anaya, es el candidato oficial del actual líder panista, Gustavo
Madero. Del otro lado, el opositor, el senador Javier
Corral denunció que “hay dados cargados”. El ex gobernador de Jalisco,
Francisco Ramírez Acuña y Juan José Rodríguez Prats, también participarán como
candidatos.
Quien gane de los cuatro deberá conducir la contienda por la presidencia de la
República en 2018, así como enfrentar las elecciones de 2016 donde se renovarán
12 gubernaturas. El futuro es incierto y poco prometedor.
tenorio_hector@hotmail.com
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