Rocío González Higuera
El Senador por el Estado de
México, Alejandro Encinas Rodríguez manifestó que la solicitud para determinar
la Alerta de Violencia de Género, realizada por el gobernador Eruviel Ávila, era una necesidad apremiante, ante
la cual había sido omiso, tratando de minimizar o de invisivilizar la violencia
feminicida. El legislador señaló contundente que la solicitud no es suficiente
para resarcir el daño a las víctimas y sus familiares; pero significa un primer
paso para que organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales
puedan implementar acciones para proteger los derechos de las mujeres y
asegurar que tengan una vida libre de violencia.
Señaló que era inaceptable
enterarse de que los cuerpos de las víctimas eran tirados como basura a la
orilla de las calles, en lugares alejados, en los canales; etcétera, presentando
formas extremas de violencia; abuso sexual, tortura y destrucción, como lo
informara el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
Asimismo, consideró
el Senador, la solicitud de AVG favorecerá la reducción de las alarmantes
cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
que posiciona al Estado de México como la entidad en donde ocurren más casos de
feminicidio, pasando de mil 238 casos en 2007 a tres mil 280 en 2013; seguida
por Guerrero (2,203), Chihuahua (2, 141), Jalisco (1,485); y Sinaloa (1,200).[1]
Las mujeres
asesinadas, dijo, son predominantemente jóvenes entre 15 y 40 años, incluso más
jóvenes, pertenecientes a grupos marginados que basan su economía en el mercado informal o que realizan trabajos con
salarios ínfimos, amas de casa, o indígenas; que viven patrones sociales que
incluyen el maltrato familiar, la discriminación, el abuso sexual, la trata y
un machismo en su versión más agresiva.
Otro elemento apabullante
observó el legislador, es la cultura del silencio que está permeando a los
crímenes contra mujeres y niñas. El gobierno federal ha ponderado el combate
militarizado contra el narcotráfico, presentándonos a menudo un espectáculo
mediático e donde ensalza la captura de miembros importantes de los cárteles.
Pasando a un segundo plano la violencia social.
Desafortunadamente,
según datos del informe de Naciones Unidas, elaborado por “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en
México, Honduras y Guatemala”; 95 por ciento de los asesinatos quedan
impunes. El Senador Encinas señaló que al dejar sin castigo los crímenes de
violencia, las instituciones municipales, estatales o federales favorecen el
incremento de las violaciones a los derechos humanos y fomentan un patrón de
repetición.
Fue categórico al
cuestionar la labor del gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel
Ávila quien tardará tanto en solicitar la alerta de género. Mencionó que si
bien existen graves problemáticas que enfrenta el Estado de México, ha faltado
voluntad política para atender un sinfín de denuncias por omisión y negligencia
de las autoridades, minimización del aumento de la violencia y de los tipos de
violencia contra las mujeres; lo cual se convierte en un doble agravio contra
las víctimas y sus familiares.
El Senador Encinas
respaldó las opiniones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) –organización que desde 2010 ha exigido la activación de la AVG en la
entidad–, y celebró lo anunciado por el
mandatario estatal, al considerar que el anuncio es en sí el reconocimiento de
que las mexiquenses son víctimas de un patrón de violencia sistemática en su
contra, y que pone en riesgo su vida.
Si bien, por el
momento la AVG se pidió para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle
de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca,
Cuautitlán Izcalli y Chalco, se espera que se haga extensiva para todos los
municipios que enfrenten esta terrible situación.
Sin duda, abundó, la
atención a esta problemática exige un compromiso y un esfuerzo por parte de
todos los órdenes de gobierno, de la sociedad civil, de la academia, en fin de
todos los actores que pudiesen coadyuvar en la solución. Las acciones que se
emprendan deben conseguir, en primer término, romper con la cultura del
silencio y con la corrupción en las instituciones de impartición de justicia.
México ya cuenta con los instrumentos legales que hagan posible una vida libre
de violencia; en la propia Constitución queda establecida la prohibición de la
discriminación por género; se ha avanzado enormemente en las leyes secundarias;
así como la participación de México en diversos acuerdos internacionales.
Sin embargo, en
nuestro país y particularmente en el caso del Estado de México, la brecha entre
los avances en la normatividad vigente y el número de mujeres asesinadas o
desaparecidas, resulta devastadora; concluyó.
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