La validez constitucional de las normas educativas
federales no implican legitimidad social y que éstas no obedezcan a un
modelo que tiende a menguar los derechos
laborales de miles de trabajadores del sector so pretexto de la eficiencia y la
calidad, subrayó el diputado perredista Eleazar Aparicio Tercero, integrante de
la Comisión de Educación de la LXXII Legislatura local.
Frente a
la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar
constitucionales las leyes que obligan a los maestros a ser evaluados periódicamente, el
diputado por el distrito de Pátzcuaro señaló que la incertidumbre de esta
decisión, se encuentra en que una vez que los docentes no aprueben el examen en
tres ocasiones a donde se les canalizará, considerando además que esto se
contrapone a las leyes como la Ley de Previsión Social y la Ley del Trabajo,
entre otras.
Puntualizó en que el problema de fondo no es el que
los maestros se evalúen y capaciten, sino lo que se persigue con este modelo
que sacrifica la formación y el desarrollo de las capacidades humanas por la
productividad en beneficio de los capitales.
“Estas reformas no pretenden evaluar
y capacitar a los docentes en aras de un proyecto nacional, que fortalezca
nuestra soberanía y robustezca el potencial de México, sino en función de la
oferta y la demanda, de la lógica del
mercado”.
Recordó que las reformas en materia
educativa no plantean el conocimiento, la formación y el desarrollo humano de
los mexicanos como un bien en sí mismo, sino que su intención es abastecer el
mercado de dotadores de conocimientos prácticos que respondan a las necesidades
del mercado.
“Baste ver cómo la deserción escolar
persiste, cómo los profesionistas son absorbidos por empresas foráneas aunque
laboren en territorio nacional, cómo la riqueza continúa acumulándose en manos
ajenas al bien nacional y común”.
Apuntó que no es de sorprender la
resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya que la Constitución General de
la República ha sufrido múltiples mutaciones, en su mayoría atendiendo al
modelo neoliberal y no al interés nacional.
“La legalidad no implica justicia,
eso lo sabemos bien en nuestro país, en donde la realidad generalmente se
contrapone al andamiaje jurídico que acaba pervirtiéndose por no obedecer a
principios de interés nacional”.
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