Sobre el valor de las personas y las segundas oportunidades
SM Rico
De manera ilegal y cotidianamente,
como un acto de discriminación por parte de cada vez más empresas a lo
largo del país, se solicitan documentos y exámenes médicos innecesarios
para tener la oportunidad de concursar para la obtención de un empleo.
Se llegan a solicitar a los
aspirantes, además de este requisito, reportes de no adeudo en el buró
de crédito y/o exámenes médicos que buscan descartar a mujeres
embarazadas, enfermos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y
también a personas que tengan alguna perforación o se hayan realizado
algún tatuaje en algún momento de sus vidas. Requisitos innecesarios y
que a la larga solo explotarán en la cara de la iniciativa privada y del
gobierno, en el sentido de que excluirán de oportunidades a un gran
número de personas que, de un modo u otro, buscaran satisfacer sus
apremiantes necesidades.
El problema no es que me pagues; el problema es que me debes.
La inseguridad en México ha creado una
constante, en especial en las empresas transnacionales: una visión de
poca confianza hacia las personas. Esto deriva en que se considere que
cualquier solicitante puede ser un potencial delincuente, asimismo ha
provocado que el ciudadano deba justificar a cabalidad la honradez de su
persona, al grado de cumplir requisitos innecesarios.
Las estadísticas de desempleo en el
país muestran un panorama desolador, pues según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre del
año se llegó a 2.5 millones de desempleados. Además del bajo crecimiento
económico, el aumento en los costos de combustibles y los alimentos,
han dejado a la población en la incapacidad de pagar sus adeudos, lo que
ha provocado que el historial crediticio de muchos tenga una mala
calificación.
“No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás.” Lao Tsé
Los empleadores que solicitan anexo
a la solicitud de empleo un reporte favorable en el buró de crédito o
una carta de no antecedentes penales, están injustamente condicionando a
los aspirantes y les niegan la oportunidad de un empleo por mantener
deudas o por su condición legal, algo que no está justificado de ninguna
manera legalmente.
¡No hay de otra!
Es temprano, la esperanza de obtener
el empleo y poder mantener a su familia es la prioridad en la mente de
Roberto Reyes, ha buscado al igual que muchos, en varias compañías
durante meses. ¿La respuesta?, un outsourcing más, empresas de
subcontratación o agencias de colocaciones, que durante un mes lo
instalarán en una corporación y si tiene suerte le renovaran el
contrato… por otro mes más.
No entiende porqué debe contar con
esos papeles, solo sabe que al conseguirlos tendrá una oportunidad de
desarrollo que lo saque adelante junto con sus hijos. El camino hacia el
sur de la ciudad es largo, el gasto en transporte no ayuda y las largas
filas solo quitan tiempo. Pero lo logra, tiene el mentado papel y puede
probar al reclutador que no es un criminal.
Para los aspirantes en la Ciudad de
México no existe opción, parece legal y hasta justo. Algunos
entrevistados afirman: “Si yo tuviera una empresa me gustaría que mis
empleados me probaran su honestidad”. Otro más agrega: “Es correcto
pedir este documento para que no se roben las cosas o cometan fraudes
los delincuentes, al final pues, lo solicitan muchas empresas, tanto
grandes como pequeñas, y es gratis”.
Sin embargo en el interior de la
república tiene un costo, por ejemplo: en Michoacán es de $34; en
Guanajuato, $65; en el Estado de México, $121; en Tlaxcala, $128 y en
Puebla, alcanza los $230; dinero que sirve como beneficio para el
gobierno local por conducto de recaudaciones y que para el ciudadano en
cuestión, solo tiene una vigencia de entre quince días o tres meses
dependiendo de la entidad.
Práctica laboral discriminatoria
La carta de no antecedentes penales
más que una cuestión de seguridad y de confianza, es un asunto de
discriminación. El abogado Sergio Soto, experto
en asuntos laborales, afirmó que en este caso se está emitiendo un
juicio sobre la persona, a pesar de que en la realidad ya ha sido
juzgada por una autoridad por el delito que cometió, pagando así su
deuda con la sociedad, por lo tanto, si una empresa llegara a negar el
empleo a un aspirante por este hecho, al conocer sus antecedentes,
atenta contra la dignidad de la persona.
En este sentido aquel particular que
incurriera en esta falta, estaría cometiendo un acto de discriminación
en base al artículo 1o de la Constitución y el 133 de la Ley Federal del
Trabajo; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su
artículo 1o del Pacto de San José y el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) artículos 6
al 27, pues toda autoridad y particular tienen la obligación de
respetar los derechos humanos.
Añadió que en este caso, el
afectado podría recurrir al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), pues la obtención de un empleo solo debe de
depender de las capacidades y habilidades del solicitante y no de sus
antecedentes legales o adeudos de carácter comercial. De ganar la
demanda, podría darse el caso por lo menos, de que eliminaran este
requisito para poder ingresar en la empresa demandada.
Cabe subrayar que en los sitios de
Internet de algunas entidades federativas, se incluye una liga en la que
se encuentra el fundamento legal con respecto a la solicitud de la
carta de no antecedentes penales, que en algunos casos solo lleva a una
página en blanco.
Sin embargo, salvo lo que algunos
pudiesen pensar, el fundamento al que se refieren es en relación al
procedimiento, los requisitos y los costos para solicitar el trámite,
más no una explicación sobre el porqué las empresas obligan al aspirante
a llevarles este documento.
La certificación internacional o el progreso a costa de los otros
Entre las razones que argumentan
las empresas para pedir este trámite a sus aspirantes están las
distintas certificaciones que a nivel internacional existen, por ejemplo
el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), administrado por el
SAT, que son convenientes para ingresar a diversas organizaciones de
comercio, las cuales incluyen entre sus beneficios el poder transportar y
exportar mercancías al extranjero, especialmente a Estados Unidos, de
una manera más ágil y efectiva.
No hace falta mencionar algunas
estipulaciones que existen con respecto a la lucha contra el terrorismo
internacional. Como uno de tantos requisitos, las organizaciones de
comercio internacional, entre otras cosas, solicitan a sus integrantes
tener un control sobre los aspirantes a obtener un puesto laboral y
también sobre sus actuales empleados de manera exhaustiva.
Aunque textualmente, esta
normatividad no especifica que se deba discriminar a los solicitantes
por sus antecedentes, sus deudas comerciales o la tinta que cubre parte
de sus cuerpos; haciendo a un lado las necesidades de la población, el
contexto en el que se desarrollan o que algunas prácticas sean
violatorias de derechos humanos.
¡A dónde vamos a parar!
Las segundas oportunidades perdidas
llenarán de rencor las calles y de nuevos soldados para el crimen
organizado en la práctica, justo lo que trataban de evitar los
empresarios nacionales; no tendrán al ex presidiario en sus
instalaciones trabajando, pero tal vez sí, fuera de la escuela de sus
hijos en espera de dar un buen golpe.
Por otra parte, de tanto suceder se
vuelve una costumbre discriminar, y provocará que los afectados
justifiquen la práctica, la perpetúen y discriminen a su vez a los
jóvenes por ser dueños de su cuerpo al realizarse perforaciones o
tatuajes; en el entendido de que no es correcto hacer lo que se quiere,
sino lo que está de acuerdo con los códigos culturales del mundo
ejecutivo, propios de la industria nacional o transnacional.
Y para el resto de los desplazados
por tener deudas y no tener manera de pagarlas, lo que podrá suceder a
largo plazo por este tipo de práctica, será que busquen oportunidades de
desarrollo en la informalidad en detrimento del desarrollo del país por
conducto de recaudación fiscal.
La denuncia será importante en cada
caso, pues actualmente muchos aspirantes son discriminados. Sin
embargo, en la realidad, el valor de las personas no se mide por una
deuda pagada, antecedentes legales, apariencia física, estado de salud o
por llevar algunas semanas de embarazo; sino por sus habilidades y
capacidad profesional. En pocas palabras; son derechos ganados, que
debemos defender y no debemos olvidar.
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