De aplicarse el Seguro de Desempleo en las condiciones que
la iniciativa presidencial plantea actualmente, no se traducirá para los
trabajadores afiliados al IMSS, en ningún cambio o beneficio real, puesto que
en su mayoría los recursos que se utilizarán para financiarlo provendrían de
las aportaciones destinadas a vivienda, dejando a los afectados en desventaja y
en un gran dilema.
Fue precisamente el 18 de marzo pasado, que entre acaloradas
discusiones, jaloneos e intentos de toma de tribuna; la Cámara de Diputados
aprobó tanto en lo general como en lo particular el decreto de Ley de Pensión
Universal; aunado a esto aplicó cambios a disposiciones en materia de seguridad
social como las leyes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del IMSS, del
ISSSTE, del Infonavit y de la Ley Federal del Trabajo.
De esa manera surgió la polémica figura del Seguro de
Desempleo, el cual empezaría a aplicarse a partir del próximo año en el 2015. Por
lo pronto se encuentra en la Cámara de Senadores para su revisión y posible
aprobación. Se está manejando como una oportunidad, como una gran opción.
Consiste en seis pagos, uno al mes, relativos a un
porcentaje del salario base de cotización del trabajador sin contar
prestaciones. El primer pago sería del 60%, el segundo del 50% y los cuatro
pagos restantes serían equivalentes al 40 por ciento.
El seguro de desempleo se sostendría en gran parte sobre los
recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de la cual se tomaría el 3%
correspondiente a la aportación patronal, más un 0.5% que aportaría el gobierno
federal y que se depositaria en una subcuenta mixta.
Esta repartición de recursos no implica una aportación
patronal extra, sino un reacomodo de los recursos que ya existen; dinero que ya
por ley es parte del patrimonio y beneficio del trabajador. La consecuencia es
que reciclando el capital de los trabajadores es como se concretaría este
supuesto beneficio.
Para Manlio Fabio Beltrones, el seguro no afecta a las
aportaciones de vivienda, pues el empleado tendrá la “opción” de usarlas; por
lo tanto si no las ocupa, pues seguirá teniendo dinero para su vivienda,
asimismo destacó que el gobierno en su afán de ayudar aportará un 0.5% como
apoyo en lo que se ha denominado Fondo Solidario.
Actualmente esta iniciativa se analiza en el senado; los
partidos PAN y PRD han mostrado su desacuerdo a este reciclaje de prestaciones,
lo cual ha sido secundado incluso por líderes empresariales, que opinan en general,
que esta medida solo afectaría al Infonavit por la reducción del porcentaje a la subcuenta
de vivienda por conducto de esta nueva “opción” de los trabajadores.
Por una parte la senadora del PRD Dolores Padierna afirmó
que esta iniciativa “atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que al
retirar recursos de su cuenta individual, en automático disminuyen las semanas
cotizadas ante el IMSS y con ello pierden su derecho a un retiro digno”.
Por otra parte para el Coordinador parlamentario del partido
Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Monreal, el empleo de este seguro
en la forma en la que el gobierno la está proponiendo, “no es correcto desde el
punto de vista constitucional, ni legal, ni normativo, ni político ni ético”.
Esto en el sentido de que el dinero de las aportaciones de
la subcuenta de vivienda ya les pertenece y por lo tanto no deberían de usarse estos
recursos para otra cosa, pues significan una victoria ganada por los
trabajadores y sería injusto que se utilizara este capital para crear otra
prestación, exhibiéndola como una nueva oportunidad.
Esta iniciativa, entre otras, va encaminada al cumplimiento
de los acuerdos que se han llevado a cabo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), con la que se suscribió en junio del año pasado, el Convenio de Cooperación sobre piso de
protección social, en el cual el gobierno mexicano se compromete a “crear
iniciativas para enfrentar los desafíos relacionados con el funcionamiento del
mercado laboral”.
Fue en el marco de la 102ª Conferencia Internacional del
Trabajo que el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida y el Director General de la OIT Guy Ryder llevaron a cabo dicho convenio,
con un documento que entre otras cosas afirma: “Una seguridad social incluyente,
abatirá los incentivos a permanecer en la economía informal y permitirá a los
ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la construcción de
un México más productivo”.
Al final esta iniciativa no estimula a los trabajadores a aportar
su fuerza de trabajo a la formalidad, pues los lleva a una dinámica que más
parece un círculo vicioso que una concurrencia de posibilidades de desarrollo
personal.
Los empresarios rechazan un modelo de gobierno asistencialista
puesto que esto solo se traduciría en nuevos impuestos, sin embargo, con las
pocas oportunidades y bajos salarios que tienen los trabajadores en México, es
mayor su desventaja que sus probabilidades de progreso.
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