Temixco: La vulnerabilidad revelada

Hugo Rangel Vargas

Foto de mx.globedia.com/

En la sala de su casa, el 2 de enero del presente año, fue asesinada la apenas recién electa presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota; quien llevaba apenas unas horas al frente del cargo y que pronto encontró el fin de su vida a manos de sicarios que presumiblemente pertenecen al grupo denominado “Los Rojos”, célula armada al Cartel del Golfo.

Aquellas percusiones arteras que cobraron la vida de la alcaldesa de extracción perredista, parecen haber pasado también factura sobre el futuro político de Graco Ramírez, gobernador de aquella entidad; quien apenas días anteriores al asesinato había hecho manifiestas sus aspiraciones presidenciales en un encuentro privado con perredistas en Cuernavaca.

Una  consecuencia adicional del fatal crimen de la edil morelense, es que ha puesto el dedo en la llaga sobre otros asesinatos de presidentes y  funcionarios públicos municipales, que a decir de la Asociación de Autoridades Locales de México, ha llegado a casi 100 los ediles y más de mil  funcionarios municipales liquidados en los últimos 10 años. En Michoacán por ejemplo, continúa sin esclarecerse el asesinato del regidor de Penjamillo, Rubén Magaña Reyes, quien fuera privado de su libertad y posteriormente encontrado sin vida apenas el año pasado.

La frágil seguridad y los riesgos personales a los que están expuestas las autoridades municipales, son producto de un debilitamiento gradual de los cuerpos de seguridad en ese orden de gobierno, los cuales tienen que hacer frente con escasos recursos, limitada capacitación técnica y precarios medios de trabajo a un crimen bogante en economías. Frente a ello la panacea de la retórica oficial ha sido la de la concentración del mando policial en los gobernadores de las entidades.

Por sí sólo, el llamado mando unificado, no ha demostrado ser la solución que garantice condiciones de seguridad a ediles, ni mucho menos a ciudadanos que siguen siendo víctimas de extorsiones y amenazas en muchas regiones del país en donde se ha instalado, incluso por parte de los propios integrantes de los cuerpos policiales, tal como lo ha denunciado el presidente municipal de Tlaquiltenango en el mismo estado de  Morelos. 

Lo anterior sin tomar en cuenta que la nula regulación existente en torno a la unificación de los mandos policiales abre el terreno de la especulación sobre el uso de los fondos destinados a la seguridad pública y no garantiza, ni mucho menos obliga, a la generación de esquemas de mejoramiento en la calidad de los cuerpos de seguridad.

En este marco, la decisión de los ayuntamientos de ceder las facultades que le otorga el artículo 115 de  la Constitución en materia de seguridad pública, la cual debería de tener una temporalidad definida y ceñida al cumplimiento de determinados objetivos concretos; parece haberse convertido en la tónica de una política pública de estado que por la vía de los hechos está reformando la Constitución abriendo espacio a todo tipo de discrecionalidades.

Pero la vulnerabilidad del municipio se ha quebrado recientemente por la parte más delgada del hilo: el de la seguridad pública. Sin embargo otros flagelos merman la “autonomía” municipal consagrada en la carta magna.

La obsolescencia del régimen de coordinación fiscal tiene prostradas las finanzas públicas de los municipios que se encuentran en un proceso de endeudamiento que compromete su viabilidad en el largo plazo, adicional a ello, los intereses de grandes corporativos que merman la autoridad regulatoria de los ayuntamientos en el uso del suelo, son entre otros; factores de vulnerabilidad de la autoridad municipal.

Temixco será sin duda un punto de quiebre en la redefinición de los esquemas de seguridad pública y el marco regulatorio con el que operan estos a nivel municipal; sin embargo sería conveniente aprovechar la coyuntura para discutir en la agenda pública otras crisis que trastocan la estabilidad de los ayuntamientos del país.