Pablo Gómez
Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que
la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado
con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de
que la Seido ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría,
justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el
punto no estriba en esto.
Foto SM Rico |
Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado
desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron
se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a
éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de
Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el
Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para
ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadounidense.
El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no
explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la
mantuvo vigente. Nomás le faltó a Peña que se le acercara un can con propósitos
nada edificantes.
Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la
cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una
sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que
deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son
elementos básicos de toda función gubernamental.
Campa se equivoca. El problema es que la policía que
depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con
la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la
Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La
verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir
delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.
En tanto esta situación siga igual, la PGR no podrá hacer
nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y
unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.
Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un
presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la
población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es
como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de
averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de
su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas
rurales.
La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe
perseguir a Guzmán Loera, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le
persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y
el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Chapo era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había
informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las
lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.
Por todo esto y más se ha producido una lluvia de acusaciones
y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los
derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna
definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un
seguir en las inercias y justificaciones.
Cuando se le pregunta al gobierno
mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los
narcotraficantes la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve
final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta
una explicación al respecto.
En realidad, en lugar de tratar de dar alguna
satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco
hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y
mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la
sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede
ser víctima.
Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es
que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.
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