Pablo Gómez
El Congreso expidió una reforma sobre la
corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en
algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos
esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones
–todo sucesivo pero revuelto—la plataforma anticorrupción de la presente
legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.
Uno de los temas que ha sido ignorado es el
fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la
Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto
quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respeto es preciso contar una
historia.
En noviembre de 2011 culminó en el
Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero
constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes
fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un
proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no
modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación
que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso
penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial
consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si
estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que
autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el
Congreso o la judicatura.
Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de
primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la
Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y,
de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba
incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de
ninguna especie.
El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos
funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para
evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero
eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad
para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto
funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto
de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de
inocencia.
La Cámara de Diputados se hizo la
disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones
directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la
dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser
nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el
Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto,
capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas,
transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, día del
niño, feneciendo de tal forma la legislatura.
En marzo de 2013, con la actual
legislatura y con el Pacto por México
(mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la
Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un
verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó
al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos
penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó
reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba,
sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna,
es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más
fácilmente encarcelado por un juez.
Además, ubicaba el momento en que un
funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir,
después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara
sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.
Dentro de la reforma constitucional
contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para
eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin
responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido
oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera
aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las
oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se
descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique
Peña Nieto quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la
cual ya no existe en ninguna parte del mundo.
Las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que
todo se descongelara
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