Hugo Rangel Vargas
En la teoría económica la relación existente entre los salarios y los precios es lo que determina el conocido poder adquisitivo del primero. Si un salario crece proporcionalmente por encima a los precios, se habla de incremento en la capacidad adquisitiva. En nuestro país, sin embargo, en los últimos años ha ocurrido exactamente lo contrario.
Según datos de Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los últimos 27 años el salario mínimo real se ha desplomado en 80 por ciento. Las comparaciones son contundentes y mientras el salario mínimo real que ganaban los trabajadores en 1987 era de 127.56 pesos diarios, esta cifra fue disminuyendo para ubicarse en 2012 en 62.33 pesos diarios, traducido en capacidad de compra, en 1982 se podían adquirir casi 19 litros de leche con un salario mínimo, mientras que el año pasado esta cifra era 4 litros y medio.
El deterioro de los salarios ha sido el sustento de una política económica que pretende lograr el crecimiento económico y la contención de la inflación a través de la restricción de los salarios. Esto significa que la contención salarial ha sido una variable que ha utilizado el gobierno de la república para estimular la inversión de la iniciativa privada y para evitar que a través del incremento en los costos por motivo de incrementos salariales, pueda ocurrir un incremento en los precios.
Las consecuencias de ello han sido nefastas para la mayoría de los mexicanos que perciben como ingreso el equivalente a un salario mínimo, esto es 2 mil 130 pesos al mes, y estas se han agudizado en el último año de la administración calderonista y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que, según datos del Observatorio de Precios de El Barzón, mientras en este período el salario mínimo creció 10.7%, por ejemplo, el aumento del huevo equivale a 17 veces el incremento del salario mínimo; el del jitomate, 14 veces; la pechuga de pollo 16 veces; la chuleta de res 7 veces y en el caso del fue 4 veces el incremento observado en el salario mínimo.
Así entonces, suponiendo que una familia tuviera necesidad de comprar al mismo tiempo un kilogramo de cada uno de estos productos, en 2012 le habrían costado en conjunto $215 pesos y habría necesitado 3.4 salarios mínimos; ahora, en 2015, le costarían $402 pesos, por lo que requeriría 5.7 salarios mínimos.
En medio del debate por el incremento a los salarios mínimos, el argumento de quienes se oponen se centra fundamentalmente en que este debe corresponderse con un crecimiento en la productividad laboral. No obstante lo anterior, diversos estudios han sugerido que esta relación no existe en nuestro país. Así por ejemplo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad laboral de nuestro país se compara con la de Chile, mientras que el salario mínimo es equiparable al de economías como la de Nicaragua.
Otro dato adicional lo ofrece la Encuesta Industrial Mensual en diversos años y en lo que fue de 1993 a 2008 la productividad laboral de la industria manufacturera aumentó en 83.5%, mientras que el salario real en ésta rama de la economía disminuyó en todos los años de ese período.
Derivado de lo anterior es que un acto de justicia, una reforma esperada, un mínimo guiño hacia la economía de las mayorías en nuestro país sería el de poner unos metros de ventaja a los salarios en su carrera contra los precios.
Sí la agenda pública ha colocado el dedo en temas como las reformas en telecomunicaciones, la reelección de legisladores y representantes populares o las permanentes y desgastantes reformas electorales; valdría la pena que la clase política colocara, con altura de miras, un tema de las mayorías: el incremento a los precarios salarios de los trabajadores.
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