Pablo Gómez
Es posible presumir que la grabación y divulgación de las
palabras de Lorenzo Córdoba hayan sido ilegales, es decir, que sean delitos. Lo
que se tiene que dilucidar es quiénes serían las víctimas u ofendidos. Según el
mismo Córdoba, las víctimas son tanto él como Instituto Nacional Electoral
–además de Edmundo Jacobo--, por lo cual el INE ha presentado una denuncia
penal ante la Procuraduría General de la República.
El bien jurídico que tutela ese delito es la privacidad a que
tienen derecho las personas. La intervención de comunicaciones es un delito
desde 1980 cuando la Cámara de Diputados integró una comisión investigadora de
las interferencias que hacía el gobierno, la cual no investigó absolutamente
nada pero promovió la reforma de la legislación penal pues esa conducta era
hasta entonces considerada como falta administrativa.
La escucha telefónica es
uno de los ilícitos penales más frecuentes, menos denunciados y mucho menos
perseguidos por el Ministerio Público de la Federación que es el encargado. El
monitoreo telefónico es lo menos conocido de cuantos delitos se cometen ya que
la mayoría de las escuchas son realizadas por agencias gubernamentales sin
orden judicial, es decir, de manera subrepticia y por tanto delictuosa.
Pero la
grabación y divulgación del diálogo entre Córdoba y el secretario ejecutivo del
INE, Edmundo Jacobo, no afectan la privacidad del Instituto pues no fue una
conversación oficial sino algo pretendidamente jocoso y de estilo
personalísimo. No hay ningún asunto oficial o que tenga que ver con el INE o
con alguna de sus funciones.
Es un comentario que pudiera ser bochornoso pero
que en forma alguna compromete al Instituto. Además, por el lado de la sola
interferencia no está probado que ambas líneas telefónicas estén contratadas
por el INE y que, por tal situación, las escuchas podrían hacerse a cualquier
servidor público que usare el equipo.
El asunto es relevante porque al presentar al Instituto como parte pasiva del posible delito se le compromete en algo por completo ajeno. Con la conversión del INE en víctima se presume que está en la mira de sus enemigos. Pero, ¿el Instituto Nacional Electoral tiene enemigos?
Una respuesta positiva a esta interrogante ha sido otorgada
por el mismo Córdova y no pocos periodistas quienes han dicho que la
divulgación de lo dicho por el consejero presidente del INE tendría como
propósito someter a la institución y que también se trataría de una represalia
por las multas impuestas recientemente al Partido Verde (así llamado).
Si la
divulgación de lo dicho por Córdoba es un ataque a la independencia del INE habría que discutir en primer termino cuál es
justamente el grado de independencia que esta institución tiene actualmente y
respecto de quiénes. Ahí empezarían los problemas porque no parece que exista
acuerdo al respecto.
Si la publicación de la anécdota contada por Córdoba busca
afectar al INE, que se diga entonces algo más concreto como podría ser el porqué
y el propósito específico.
Al menos tendrían que ponerse a la vista los
posibles enemigos del Instituto. Pero
se recurre a la insinuación con el propósito de ubicar el problema en un lugar
diferente al de un posible delito cometido contra dos personas y al del contenido
de unos dichos de Córdova que están expuestos a la crítica por provenir de una
figura pública.
La grabación y divulgación del diálogo entre Córdoba y el
secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, no afectan la privacidad del
Instituto pues no fue una conversación oficial sino algo pretendidamente jocoso
y de estilo personalísimo
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