Eduardo Ibarra Aguirre
Hasta la bella Milán fue el titular del
Ejecutivo federal a defender su proyecto de reforma educativa ante el gran
empresariado europeo que, como el azteca, es de los más interesados en que los
trabajadores asuman las necesidades del capitalismo salvaje que hoy demanda “a
las nuevas generaciones mayores capacidades, mayor preparación, mayores
aptitudes para enfrentar precisamente, los retos desafiantes de esta era
global”, para decirlo en palabras de Enrique Peña Nieto.
Por ello
la definió como “la más importante, de mayor calado y de más largo plazo
consolidada en el país”, porque tiene que ver con “la formación del capital
humano, la riqueza que toda nación tiene”. El capital humano es un concepto
utilizado “en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a un
hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino
también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las
personas involucradas en un proceso productivo.”
También explicó ante el primer ministro
Matteo Renzi, del Partido Demócrata, ya sin el apelativo “de Izquierda”, que la
reforma educativa “está orientada a elevar la calidad de la educación”. Para lo
cual –digo yo– se auxilió de tres subsecretario conocedores a fondo del tema, pero ajenos
a su partido, el Revolucionario, no se diga al grupo gobernante, y al comenzar su
tercer año los despidió para colocar a cuates.
De tan gran calado es el proyecto de Peña Nieto
que en la víspera de la cita con las urnas, mandó al secretario de Educación a
anunciar el aplazamiento del Programa de Promoción en la Función por Incentivos
en Educación Básica.
Anuncio de Emilio Chuayffet que confundió
a los experimentados y voluntariosos dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, los envalentonó hasta subestimar a las fuerzas
del gobierno como evidenció el simbólico boicot electoral. Sólo que aún
sobreestiman sus fuerzas con la demanda que enuncian como “Fuera Peña” y
anuncian por acuerdo del 12 de junio: “Emprender una oleada de protestas nacionales, en defensa de la
educación pública; contra la mal llamada reforma educativa; por la estabilidad
laboral y para detener el proceso de la evaluación punitiva.”
El hecho es que el anuncio fue una simple pero redituable maniobra
electoral que suscitó, además, la exigencia de realizar la evaluación
educativa, demanda encabezada por Mexicanos Primero y Televisa, promotora junto
con Tv Azteca de la destrucción de los resultados de la labor escolar con la
programación y contenidos de telebasura.
Reforma que en el insistente verbo presidencial “está orientada
particularmente a elevar la calidad de la educación”. Y lo anterior previo
reconocimiento de la conflictiva realidad magisterial, ante el gran capital de
la Unión Europea: “Que no hemos estado exentos de enfrentar resistencias, pero
que estamos determinados a concretar estas reformas estructurales que nos
permitan asegurar prosperidad, bienestar y, sobre todo, crecimiento económico
para nuestra nación”.
Prosperidad, bienestar y crecimiento
económico, sobre todo éste último, que está por debajo de la mediocre tasa
promedio de los últimos 33 años, los del llamado neoliberalismo que privilegia
la productividad a costa de las condiciones de vida y de trabajo de los
asalariados.
Calidad de la educación que no repara lo suficiente en las deplorables
condiciones socioeconómicas en que laboran los profesores: 23
mil 283 escuelas sin sanitarios (11.21 por ciento) y 20 mil 111 sin luz eléctrica
(9.68 de cada 100). Una de cada cinco no tiene mobiliario para los maestros y
en 14 por ciento para los alumnos. Y las cifras del censo del INEGI no son
completas.
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