No solo basta con hacer leyes que promuevan el cambio climático, sino cumplirlas: Alejandro Encinas

Rocío González Higuera

Como una organización política no partidista, Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente Balanceado (GLOBE por sus siglas en inglés) apoya a los legisladores a través de capítulos nacionales para desarrollar, promover y supervisar la aplicación de políticas y leyes en pro del desarrollo sostenible, con énfasis en el cambio climático, la contabilidad económica del medio ambiente y la gobernanza, declaró el senador Alejandro Encinas en su participación en el Parlamento Latinoamericano, Panamá.

Foto de climaticocambio.com/

Externó que la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE),  es la red parlamentaria más grande del mundo dedicada al liderazgo legislativo en el desarrollo sostenible y el cambio climático.

Recordó que en junio del 2014 en la Ciudad de México se constituyó el Capítulo de Globe Américas el cual fue creado para promover y desarrollar iniciativas  que enfrentaran y mitigaran el cambio climático, conformado por  los países Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, México y Venezuela.

Manifestó que actualmente GLOBE Internacional cuenta con 90 países.

Externó que en los últimos años existe una fiebre legislativa, ya que en 1994 existían 54 legislaciones para cada uno de los 90 países, que contienen un análisis comparado de fichas informativas de cada país con indicadores claves, así como una base de datos con más de 800 leyes.

Señaló que a partir del 01 de enero del 2015, existen 804 leyes de las cuales en 18 países de América Latina y el Caribe alcanza la cifra de 141 leyes y políticas públicas.

Manifestó que el estudio de legislación global 2015 es una serie de documentos que incluye legislación, normas, y decretos con un estatus comparable que se refiere de manera específica al cambio climático, el cual tiene que ver con la reducción de la demanda de energía, la promoción del uso sostenible de la tierra, el transporte sostenible y la adaptación a los impactos climáticos.

El legislador declaró que la definición de “legislación sobre cambio climático” no es precisa, ya que existen ambigüedades tanto en el término “cambio climático” como en el término “legislación”, por lo que en el debate del día de ayer 30 de julio 2015,  por acuerdo de todos los legisladores coincidieron que el fenómeno de cambio climático es una realidad y no una especulación, ya que está  científicamente comprobado; ya que los grandes eventos mundiales multilaterales se encuentran en una inercia que los ha llevado al estancamiento, detenido principalmente por los países que mayores emisiones de contaminantes generan, lo que afecta y genera situaciones de riesgo y vulnerabilidad en los países de menor desarrollo económico, de mayor pobreza y que menos emisiones de contaminantes genera.

Dejó en claro, que estos argumentos se han convertido también en una coartada para los  gobiernos nacionales que  no quieren hacer nada, dijo que no solo basta  con hacer leyes que promuevan el cambio climático, sino hay que cumplirlas, ya que llevan 21 años debatiendo la necesidad de elaborar legislaciones nacionales de acuerdo a las características de cada país.

 Hizo mención que los representares del Parlamento Andino, externaron que se requiere de una visión integral y de leyes que contemplen acciones para prevenir y mitigar el impacto y desarrolle capacidades  para la adaptación al  cambio climático.

“Se necesitan leyes  y acciones integrales transversales, además de normas, políticas públicas y recursos que permitan su implementación” afirmó.

Aseveró “por eso, el análisis de la situación actual y del papel que debemos desempeñar como legisladores, no puede ceñirse al recuento de leyes y a la crítica respecto a la actuación de los encuentros multilaterales o las decisiones de los gobiernos nacionales. Se requiere una nueva metodología: Leyes, Normas ambientales, políticas y programas públicos, recursos asignados a éstos, evaluación de las capacidades institucionales para su implementación, mecanismos de participación social, responsabilidades del sector privado y retomar, la necesidad de impulsar la educación ambiental y el  rescate de las tradiciones y  cultura de convivencia con la naturaleza”.

De igual forma, el senador Encinas Rodríguez detalló que todos los países, con la excepción de Libia, han llevado a cabo algún tipo de evaluación de riesgo de cambio climático. Sin embargo, manifestó que las evaluaciones varían desde una cobertura relativamente superficial en las comunicaciones nacionales de los países a la CMNUCC a evaluaciones integrales de riesgo a nivel nacional. De los países incluidos en este análisis, la mayoría sólo han abordado lo riesgos climáticos en el ámbito de sus comunicaciones nacionales, y el nivel de detalle incluido en ellas varía considerablemente. El resto de los países ha producido evaluaciones de riesgo más precisas, además de sus comunicaciones nacionales (como por ejemplo evaluaciones sobre los recursos hídricos, el área costera o la desertización). Empero, casi dos quintas partes de los países también han realizado evaluaciones integrales sobre riesgos a escala nacional.

Enfatizó  que estas evaluaciones en ocasiones son ejercicios independientes, pero se incluye a menudo en los documentos sobre estrategia de cambio climático o en los planes nacionales de adaptación.

Comentó que tener objetivos climáticos claros ayuda a fijar una trayectoria a largo plazo, sin embargo, el horizonte a largo plazo necesario para las políticas climáticas choca con el ciclo político, que es mucho más corto.

Explicó que casi la mitad de los países del estudio -44 de los 99- tienen objetivos de reducción de emisiones vinculados al conjunto  de la economía, es decir, la abrumadora mayoría de las emisiones globales están sujetas ahora a un objetivo concreto de emisiones.

Señaló que 41 países hasta 2020 y 27 tienen objetivos de reducción de emisiones, ya que ven más allá del 2020.

Por otro lado, el legislador cuestionó ¿Qué hace que una ley sobre el clima sea buena e instrumentable?

Externó que además de la complejidad inherente de las políticas climáticas (por ejemplo, el enfoque correcto para la promoción de la tecnología limpia, la eficiencia energética o la protección forestal), existen variaciones enormes entre países en términos de estructura económica, fase de desarrollo, exposición al riesgo climático, cultura legislativa, opinión pública y liderazgo político. Por lo que no existe una receta única para todos.

Señaló que hay varios elementos únicos que pueden ser considerados buenas prácticas, como la información, objetivos y políticos. La información indica la situación en la que están los países; los objetivos indican a dónde quieren ir los países, y las leyes y políticas muestran el camino para llegar.

“Como la ley de cambio climático del Reino Unido de 2008 y la ley general sobre cabio climático de México de 2012 presentan atención especial a los acuerdos institucionales. Otro aspecto clave son las disposiciones de financiación, incluidos los procesos para movilizar la financiación climática procedente de fuentes privadas y públicas”, indicó

Recalcó que una buena legislación sobre cambio climático es disponer de un inventario de GEI que implique la notificación obligatoria, oportuna y sistemática de las emisiones de GEI por parte de todos los sectores, así como  evaluaciones de riesgo de cambio climático periódicas.

Subrayó que hay una gran variación en las fechas y en la frecuencia con la que se dispone de información, lo que incluye algunos inventarios muy desfasados.

Por último, el senador Alejandro Encinas externó que en México se ha dado un largo  debate como en:

1986 con la LGEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

1993 con la Ley general de Asentamientos Humanos.

2007 La primera estrategia nacional contra el cambio climático cuyo objetivo era definir y consensar una política pública y una agenda sobre el tema.

2012  Aprobación de la Ley General de Cambio Climático, con una estrategia de disminución de emisiones de GEI hasta 2040, basada en los siguientes ejes:

Reducir la vulnerabilidad de la población en zonas de riesgo.

Reducir la vulnerabilidad en las zonas de producción y de infraestructura estratégica.

Ante contingencia climáticas.
Construir acciones de adaptabilidad de los ecosistemas ante efectos del calentamiento global.

Acelerar la transición hacia fuentes de energía limpia.

Reducir la intensidad, uso y eficiencia de la energía de origen fósil.

Transitar a un modelo de ciudades sustentables.

Mejorar las prácticas agrícolas y forestales para reducir los ritmos de desforestación y desertificación.

Reducir  el corto plazo las emisiones contaminantes en especial de gas metano. (Reducir 30% las emisiones en 20120, y 50%  en 2050, con año base 2012).

2013 México adopto la estrategia 10-20-30.

2014, Puesta en marcha de la estrategia para lograr un verdadero desarrollo sustentable

2014. Se integra la Comisión sobre Cambio Climático, presidida por el Ejecutivo federal donde participan 13 secretarías de Estado, se impulso a la legislación local: hoy 9 entidades de las 32 del país tienen una ley local sobre cambio climático.

Otras acciones:

Inventario de emisiones.

Mapa de riesgos.

Ley de Energía Renovables.

Ley de energía sustentable.

2009 Fondo de estímulo a la creación de fuentes energía renovable (220 millones de pesos).

2013 Incorporación del concepto de sustentabilidad a la Constitución en 21 leyes federales.

Abril 2014 programa de energía sustentable.

2015 Impuesto a emisiones de carbono y mecanismos de autoregulación en la disminución de emisiones.