Es
evidente el papel que juegan los partidos políticos dentro de la forma del
Estado democrático representativo, puesto que ellos constituyen, los canales a
través de los cuales los diversos grupos que conforman una sociedad organizada
hacen valer sus principios y fundamentos ideológicos, tratando de conseguir
pacíficamente el control del poder económico y político.
Por
lo que hacemos alusión a la función que tienen de manera específica los
partidos políticos y los sistemas electorales, haciendo mención de algunas de
sus características, además de los aspectos que se encuentran dentro del marco
jurídico que deben ser acatados por los sistemas electorales y partidos
políticos, tomando lo referido a nivel nacional. Sin embargo, dentro del rubro de partidos políticos y sistemas
electorales existe cierta problemática, evocada al financiamiento que reciben.
El
financiamiento para los sistemas electorales y partidos políticos puede ser
considerado como una problemática, puesto que un factor central para evaluar al
sistema electoral es el grado de financiación de las campañas y la percepción
de la ciudadanía sobre el costo de las mismas; ello sirve como parámetro para
conocer el nivel de legitimidad que otorga la ciudadanía al proceso electoral.
Por ello al hacer un mal uso del capital otorgado a los sistemas electorales,
la legitimidad del mismo y de los partidos políticos sufre un desmedro que trae
como resultado aun más exigencias por parte de la ciudadanía.
Cabe
mencionar que las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la utilización de los
recursos financieros otorgados a los partidos políticos, no concuerdan con los
intereses de los mismos y por ello se ocasiona una controversia, reiterando la
poca credibilidad de los ciudadanos ante los partidos políticos y la
administración que aplican de tales recursos económicos, puesto que como
menciona el Dr. Ugalde (2007), algunos de los aspectos que la sociedad
considera primordiales en el uso del capital son:
1. Campañas menos caras.
2. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
3. Transparencia y equidad en el acceso a los medios de comunicación.
4. Regular las precampañas.
5. Regular la propaganda negativa.
6. Regular la publicidad oficial durante los procesos electorales.
7. Regular la fijación y retiro de propaganda electoral.
8. Programas de educación cívica en el sistema escolar.
9. Combatir el abstencionismo y,
10.
Procedimientos nuevos y eficaces para integrar mesas de casilla”.
Afirmando
de esta manera que “la mayor parte del erario público y fondos privados
destinados a los procesos electorales se gasta en anuncios televisivos, de
radio y en comprar plásticos y papel cuyo destino será la basura. Al dar
contexto a lo que el Dr. Ugalde denominó como
"gigantismo" del gasto electoral "que representa un
riesgo para la próxima elección", Ugalde sostuvo que "el fraude
electoral es cosa del pasado", pero previno que "la nueva generación
de problemas son los gastos de campaña y el acceso a los medios de
comunicación".
Ahora
bien, al explicar el por qué de la situación es posible mencionar que en los
últimos años se ha generado un gran debate respecto al papel de las campañas
políticas y sus métodos de financiamiento y los temas que se discuten son muy
amplios, considerando aspectos como la
posibilidad de extender las facultades del Instituto Federal Electoral para
intervenir en el financiamiento de los partidos, la disminución del
financiamiento público y la reducción del tiempo de las campañas electorales,
entre otros.
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De
acuerdo con lo antes mencionado, el financiamiento que obtienen los sistemas
electorales y partidos políticos, son utilizados de una manera desmesurada en
ocasiones, provocando que exista inconformidad por parte de la ciudadanía,
puesto que el financiamiento de los partidos es a partir del erario público.
Con
ello surgen cuestionamientos propuestos por Mena Rodríguez (2010), los cuales
son:
1. ¿Cuestan
demasiado las elecciones en México?
2. ¿Podemos
gastar menos en ellas?
3. ¿El
monto es aceptable, pero se está ejerciendo de modo inadecuado?
4. ¿Qué
obtenemos por esta magnitud de gasto en comparación con otros países?
5. ¿Vale
la pena realizar un esfuerzo presupuestal de este volumen para las
características económicas y políticas de México?
Sin embargo, al darle respuesta a las mismas con la finalidad de definir
de una manera más lacónica la problemática planteada con anterioridad
(financiamiento), se hace posible mencionar que si bien existe la tentación de
optar por respuestas cortas a estas preguntas, el sistema electoral mexicano se
ha transformado a lo largo de los años en una estructura abigarrada de
regulaciones excesivas que exige revisar sus componentes por separado para
poder valorar si cuestan en realidad lo que pagamos. Basta decir que es
sustancialmente distinto discutir el presupuesto del registro Federal de
Electores, las prerrogativas asignadas al financiamiento de los partidos
políticos, el costo de operación de los institutos electorales estatales, o
bien los gastos erogados por actividades ordenadas por la ley, pertinentes o
no, como el voto de los mexicanos en el extranjero.
Los
regímenes de financiamiento establecen qué vale y qué no como financiamiento de
la actividad político-electoral: aportaciones jurídicamente admisibles e
inadmisibles, legales e ilegales; también determinan qué ha de ser tratado como
comportamiento irregular, ilegal o corrupto. Esta primera característica de los
regímenes de financiamiento se desprende de la decisión constitutiva que instaura
un régimen de financiamiento estatalmente regulado, pues en ausencia de dicha
decisión no podría distinguirse entre lo admisible y lo inadmisible. (DanielZovvato).
Además se planteó como uno de sus propósitos principales reducir el gasto
en campañas políticas. En principio, dispuso que las prerrogativas que los
partidos recibieran para promover el voto en año de elección presidencial se
incrementaran en 50 por ciento del monto de su financiamiento para actividades
ordinarias y de 30% de elecciones inmediatas. Por efecto este hecho tiene
impacto cíclico en el gasto electoral total federal.
Dado el financiamiento de la actividad política es un asunto difícil,
susceptible de ser convertido en escándalo político y mediático, conviene tener
presente que la razón de fondo radica en la constitución del gobierno y del
ejercicio gubernamental.
El financiamiento público a los partidos
tiene tres objetivos centrales:
a)
En primer lugar, garantizar que tanto
partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y
realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones. Este objetivo parece
estar satisfecho, como lo evidencian tanto el número de partidos con
representación en el Congreso como la cuantía de recursos a su alcance. Dos
elementos adicionales son el componente de equidad en la fórmula de asignación
de recursos y los recursos públicos disponibles aún para los partidos que
posteriormente no logran tener éxito electoral.
b)
El segundo objetivo es complementar y
fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de
transparencia y bajo ciertas restricciones que impidan la influencia desmedida
de grupos con poder económico, es decir, impedir la dependencia del dinero
privado. Este objetivo ofrece resultados mixtos. Si bien es claro que los
partidos no dependen del dinero privado para subsistir, todo parece indicar que
los partidos padecen el mal contrario: una excesiva dependencia del dinero
público. La estructura de ingresos de los partidos indica que ninguno de ellos
tiene grandes incentivos para diversificar sus fuentes de ingresos. La escasa
recaudación de los partidos de parte de su militancia y grupos simpatizantes es
síntoma claro del bajo nivel de vinculación entre los partidos y la sociedad
que suponen representar.
c)
El tercer objetivo del financiamiento público
es fomentar la participación ciudadana. Esto ocurre al hacer posible una mayor
difusión de información sobre los partidos, sus plataformas y la calidad de sus
candidatos o bien al fomentar una mayor participación directa de los ciudadanos
dentro de la organización y funcionamiento de los partidos. Este objetivo
también ofrece resultados mixtos. Por un lado resulta claro que los partidos
cuentan con recursos suficientes para hacer campañas informativas. Sin embargo,
la evidencia disponible sobre niveles de abstencionismo, rendimientos del
gasto, así como contenidos de campaña más persuasivos que informativos, indican
que los campañas políticas no logran el suficiente impacto a la hora de
estimular el voto o informar al electorado. Por último, la participación
ciudadana como militantes o candidatos en la vida interna de los partidos es
más bien restringida dado que el control de los recursos financieros está
centralizado en la dirigencia de cada partido.
Al analizar los aspectos tomados en cuenta
como propuesta de un buen funcionamiento de los sistemas electorales y los
partidos políticos (sistema de partidos), se hace posible observar que el punto
o característica principal y que debe fungir como base de los mismos es “la
regulación” a la cual deben sujetarse con la finalidad de que exista una
normatividad que de orientación a las funciones especificas de ambos entes o
sistemas, es decir, el papel que juegan dentro de la estructuración de una
Nación.
En conclusión, se puede referir que los
sistemas electorales y los partidos políticos, juegan un papel crucial, puesto
que son parte de una estructuración y organización de una sociedad, pero al
evocarnos a un ámbito económico, o bien el financiamiento que es otorgado con la
finalidad de cubrir los gastos que implican ciertas acciones que son llevadas a
cabo por los mismos; sin embargo, es necesario tener como fundamento un marco
teórico, al cual deban apegarse y de esta manera mantener un límite en la
inversión del financiamiento público o erario público, puesto que al reducirlo
y al rendir cuentas los partidos políticos e incluso los sistemas electorales
recobran de manera significativa la credibilidad por parte de la ciudadanía ,
ya que su percepción ha de cambiar.
Al mencionar el recobro de la credibilidad de
la ciudadanía en cuanto a los sistemas electorales, es de referirse a la
evaluación que a la cual se encuentra sujeto, valorando el grado de
financiación de las campañas, a partir del apegarse a ciertos lineamientos plasmados
en documentos oficiales (códigos, módulos, entre otros). Cabe mencionar que tanto los partidos
políticos como los sistemas electorales han sufrido un desgaste, debido a la
falta de preocupación de sus dirigentes por recuperar y fortalecer la confianza
y solidez en el accionar de sus
instituciones.
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