Política de Estado

Héctor Tenorio

Foto de SM Rico

De manera visible, desde la matanza del 2 de octubre de 1968, hasta la fecha, la desaparición forzada de personas en nuestro país se ha convertido en una política de Estado, con la complicidad del ejército mexicano. La diferencia de lo sucedido hace 47 años radica en que un sector de la sociedad es más consciente de sus derechos políticos. Exige saber que aconteció con los 43 normalistas desparecidos el 26 de septiembre del año pasado y que  estos hechos no queden impunes. 

Les parece insuficiente que se hayan reconocido solamente a dos de ellos, además de los 110 detenidos. Si bien es cierto que la mayoría de los ciudadanos avalan a unas autoridades que no velan por la seguridad y en sus entrañas se gestan procedimientos que atentan contra la paz social.

Al iniciarse la transición democrática en el 2000, los derechos humanos quedaron relegados, en teoría, debieron ser el punto de arranque del desmantelamiento del viejo régimen. Vicente Fox Quezada a pesar de contar con todas las credenciales democráticas, prefirió heredar la estructura del poder pero sin los mecanismos para hacerlo funcionar. La estabilidad de la nación pasó a depender de los políticos en lo individual. No hubo manera de controlar los excesos de los gobernadores y demás servidores públicos. Ante tales circunstancias resultó lógico que en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa estallara la crisis de desaparecidos. Del 2006 al 2015se registraron 25 mil 648 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

 Ahora bien, la noche trágica en Iguala impactó a nivel nacional porque terminó siendo la gota (de sangre) que derramó el vaso de la guerra del Estado contra el narcotráfico. El reclamo de los padres de los normalistas encontró eco en la comunidad internacional que ha presionado al gobierno federal y lo forzó a respaldar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En este contexto vale la pena revisar las estrategias de los partidos políticos. Acción Nacional (PAN) parece querer involucrar a la OEA y a la ONU, el objetivo es desgastar la imagen del gobierno federal. La oposición en el Senado ha planteado la creación de una Fiscalía Especializada sobre el caso Ayotzinapa, en tanto el Revolucionario Institucional (PRI)  y el Partido Verde están renuentes a su creación.

Los priístas prefieren apostar a un diálogo ficticio con los padres de los estudiantes y preparar el ataque contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la mira de Los Pinos se encuentran algunos integrantes del gabinete del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, responsable de haber facilitado la huida del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su  esposa. De igual forma tratarán a Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda (NI), como sospechoso, entre otros.

Curiosamente el PRI no llamará a rendir cuentas al ex mandatario guerrense Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996),  a quien se le acusa de mantener supuestos lazos con el crimen organizado.

Del otro lado, los perredistas cuestionarán el informe del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lo acusan de haber ocultado información sobre un quinto camión cargado de droga que abordaron los estudiantes. Respaldarán los resultados de las investigaciones de los Expertos Independientes. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se moverá poco, Andrés Manuel López Obrador sabe que perderá esa plaza en el 2018. Las protestas en las calles continuarán más allá del día 26 de septiembre. En el imaginario colectivo lo que sucedió es un parteaguas histórico.