Rocío González Higuera
- Urgente una Fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial
- ¿Dónde están los 43 desaparecidos de Ayotzinapa si se comprueba que no fueron incinerados en Cocula?
Imagen de huellas.mx/ |
Agregó
“no puede venirse aquí a intentar tapar el sol con un dedo y tratar de
minimizar los resultados de una investigación que ha puesto al desnudo el nivel
de descomposición y degradación de las Instituciones públicas, en particular la
responsable de impartir justicia en
nuestro país”.
Manifestó
el legislador, que el senador Gerardo Flores no puede subir a tribuna a
revindicar la calidad y el nivel profesional de una investigación que ha sido
demolida con pruebas técnicas y científicas contundentes. Así como tampoco puede
subir el senador Cabazos Lerma a pretender descalificar el trabajo de un órgano
internacional reconocido por el Estado mexicano que es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Secretario General convalidó los
resultados de esta investigación ante el
Senado de la República o el senador Jorge Aréchiga tratar de sostener que estos hechos fueron resultado de una
desafortunada confusión en donde intervinieron delincuentes y autoridades
municipales y donde hubo que recurrir a un organismo internacional, ante la
falta de información y la ausencia de testigos.
Para
el Senador Encinas Rodríguez, este debate debe centrarse fundamentalmente en
las implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales que representa el
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya que implica el
deslinde de responsabilidades de quienes no solamente mintieron respecto de una
verdad jurídica y una verdad histórica; sino que además manipularon y ocultaron
información.
Puso como ejemplo fundamental la existencia de un quinto camión,
sobre el cual en ningún momento la Procuraduría brindó información y donde se
incorpora un elemento que no se había discutido a lo largo de la investigación,
el eventual uso de ese vehículo, que no correspondía a la línea de autobuses
Costa Line, sino a otra, donde presuntamente se traficaba droga y del que no
existe información alguna de cuántas personas participaron, o cuántas tripulaban ese
vehículo.
Hizo
hincapié en que sólo ese hecho implica una reorientación total de la
investigación; porque la cifra de los 43 desaparecidos, la cifra de 186
víctimas, de seis ejecuciones extrajudiciales; puede ser superior solamente al
conocer los datos de ese vehículo.
Fue
contundente al decir que no pueden alegar desconocimiento de información
oportuna sobre los hechos de Iguala, cuando ha quedado plenamente acreditado
que el Centro de Información en materia de Seguridad Pública del estado de
Guerrero, el C4, estuvo informando permanentemente y en tiempo real, al
gobierno del estado, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad
Pública del estado de Guerrero.
Al Procurador General de la República, a la
Policía Federal, a la Armada de México e incluso a la Defensa Nacional, particularmente
a los elementos del 27 Batallón de Infantería, acantonado en Iguala, el cual
tenía además, información de inteligencia militar y fue testigo de la agresión
a los estudiantes, en flagrancia, y no intervino, como lo han acreditado ahora
los testimonios de víctimas y vecinos en el municipio de Iguala.
No
pueden insinuar ya más que no tenían información oportuna, ya que hay omisiones
y responsabilidades, por negligencia, de
todos los órdenes de gobierno. Consideró
que esto es pero ya que las autoridades mintieron, alteraron las escenas del
crimen y la reconstrucción de los hechos, ya que ha quedado acreditado hoy que no hubo incineración de estos 43
estudiantes en el relleno sanitario de Cocula.
Es decir, apuntó el Senador,
todo tiene implicaciones mayores, en virtud de que no solamente es el peritaje,
del cual ya se había dicho en otras
oportunidades, que era imposible la incineración de 43 cadáveres en un relleno
sanitario a cielo abierto, sobre todo cuando el día anterior había llovido; sino que además el que haya aparecido,
presuntamente, uno de los jóvenes que puede correlacionarse con los peritajes
que se hicieron en Innsbruck, implicaría haber
sembrado pruebas para justificar el conjunto de la investigación y crear una
falsa verdad histórica.
Para el Senador
Alejandro Encinas son muchas y contundentes las implicaciones de este Informe y
muchas las personas a los cuales se les puede fincar responsabilidad por haber
ocultado información, por haber desviado la investigación. Declaró que es falso que se esté avanzando en
el castigo a los responsables. Y cuestionó a quienes señalan que hay 120
detenidos vinculados con estos hechos.
Preguntó ¿a cuántos en realidad se les
ha acreditado su responsabilidad? ¿Por qué no dicen que el señor Abarca no está
detenido ni por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ni por las seis
personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente? Reveló el legislador que Abarca
está solamente detenido por su presunta participación en el homicidio del compañero
del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Hernández Cardona. No está
detenido por los hechos que lo involucran en Ayotzinapa.
Consideró que aún
quedan sin respuesta todas las preguntas que desde el inicio de estos hechos se
han planteado: ¿Cuál fue el móvil que llevó a este lamentable hecho, de 43
muchachos desaparecidos, seis ejecuciones extrajudiciales, más de 180 víctimas
y heridos, y quiénes fueron los responsables?
¿Quiénes formaron la
red de colusión y responsabilidad que permitió la operación y desarrollo de
esta banda del crimen organizado? Incluso su penetración, no sólo en el
gobierno municipal de Iguala, sino por lo menos en 23 municipios que hoy están
intervenidos por la autoridad federal y que por motivo de ello, incluso, el
Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley para disolver los ayuntamientos
ante la presunción de infiltración de la delincuencia organizada en los mismos.
¿Dónde están los
estudiantes desaparecidos, sino fueron incinerados en el relleno sanitario de
Cocula? Y ¿Qué responsabilidades tiene el entonces procurador al haber mentido
y engañado a los familiares, a la sociedad
mexicana y haber renunciado a su responsabilidad de impartir justicia?
Concluyó diciendo que
se debe partir de cero, que se necesita una Fiscalía independiente, que
garantice una investigación imparcial, con la participación de ciudadanos. Que
haya un Consejo Ciudadano que acompañe y que tome en cuenta a los padres de las
víctimas., ya que esta estocada del peritaje del señor Torero, desnuda el nivel
de descomposición y la profunda crisis moral y ética de las instituciones
públicas y del Estado mexicano.
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