Héctor Tenorio
 |
| Foto SM Rico |
La desaparición
de los 43 normalistas de la Escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, el pasado 26 y
27 de septiembre, es fiel reflejo del narco Estado que se construyó a lo largo
de muchos años. Los políticos aparecen como los principales responsables al
asociarse con el crimen organizado. Le siguen los medios masivos de
comunicación que cuidan más sus intereses que en aplicar la ética al momento de
realizar su trabajo.
Los ciudadanos también tienen algo de responsabilidad, con
su indiferencia hacía la política, permitieron que otros tomaran decisiones que
los afectaron. En este caos moral, vale la pena destacar la actitud de los
padres de los normalistas quienes han demostrado una férrea voluntad. Felipe de
la Cruz, vocero del movimiento, en una especie de contra informe, denunció que
en México hay una "política de Estado" que propicia el asesinato y
desaparición de luchadores sociales, en medio de una total impunidad.
La tragedia se
convirtió en un asunto global al comprobarse que el Estado mexicano participó
de manera directa en los sucesos. Las movilizaciones han servido para
cuestionar la forma en que las autoridades mexicanas enfrentan la guerra contra
el narcotráfico, la imagen del ejército mexicano ha salido lastimada.
El mundo ha
presionado ante la violación de los derechos humanos en México, a finales de agosto, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que decidió
prorrogar dos meses más el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) adscrito para coadyuvar con el Estado mexicano en el caso
de los 43 normalistas desaparecidos, a mediados del mes de septiembre
presentaran un informe.
El gobierno federal
difícilmente saldará su deuda en cuestión de derechos humanos, sin duda es el
mayor sismo político que ha enfrentado. Desde el principio se equivocaron,
creyeron que con la inercia de las reformas estructurales tenían una especie de
inmunidad. Calificaron el asunto como algo local que debería resolverse en
Guerrero. Pero no fue así, el problema creció como una bola de nieve tirando al
gobierno municipal y estatal. La credibilidad se perdió.
Por lo pronto,
la Procuraduría General de la República (PGR) entregó un informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
donde da cuenta de los avances de la investigación. Además la dependencia junto
con el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) entregó a la Universidad
de Innsbruck, en Austria, 53 muestras que comprenden diversas prendas y objetos
relacionados con los hechos ocurridos en Iguala. Se analizará el ADN y
se determinará si pertenecen a los normalistas. Es
la segunda ocasión en que la dependencia entrega muestras, la primera vez
solamente se logró identificar un fragmento óseo correspondiente a uno de ellos.
Para la opinión
pública resultan insuficientes las 118 detenciones relacionadas con el caso,
las cuales van desde funcionarios públicos hasta integrantes de Los Guerreros Unidos. “La verdad oficial” a nadie convenció,
incluso provocó cambios en la titularidad de la PGR. La inestabilidad política
en la entidad afectó a las izquierdas, los enemigos del presidente de la
República creyeron que el caso de Ayotzinapa era el detonante que hacía falta
para impulsar los cambios políticos en
el país. Sin pudor alguno les quitaron las banderas a los padres de los
afectados. Se equivocaron, hoy la lucha sigue estando encabezada por los
familiares.
Vale la pena
preguntarse ¿Qué aprendimos a un año de lo que ha sucedido? Parece que
nada, el pasado 31 de agosto,
encontraron (gracias a la lluvia), 31 mil restos óseos humanos, en un terreno
del municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León.
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