Pablo Gómez
Foto de www.informador.com.m |
Otra vez se
abrió el debate sobre la tragedia de Iguala. Gracias a los expertos organizados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha tenido que
admitir que debe seguir investigando todo. La cuestión no sólo consiste en lo
frágil de la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos hayan sido
asesinados y cremados en el basurero de Cocula, producto de confesiones de
detenidos que no son ya la reina de las pruebas. También existen muchas
lagunas, acontecimientos soslayados o de plano ignorados por el Ministerio
Público.
En el informe
presentado por la comisión creada por el PRD para redactar un informe político
sobre Iguala se descalifica la “verdad histórica” de Murillo Káram en varios de
sus puntos. La versión del basurero de Cocula no es tratado en ese informe
porque todos elementos siguen ocultos para el público y sólo los pudo consultar
el grupo de la CIDH. Pero todo lo demás está mal. El autobús que dio vuelta a
la derecha al salir de la estación en Iguala. Los autobuses que se siguieron de
frente y que fueron atacados por la policía municipal. ¿Por qué? Nada de esto
se explica en la “verdad histórica”.
El reporte del
PRD también recoge las declaraciones de agentes policiales y estudiantes
rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero al día siguiente de la
tragedia. Ahí se relatan las agresiones de los policías, los muertos, los
heridos. Ahí aparece el bloqueo final de la calle por donde transitaban los
autobuses a una cuadra de la salida a la carretera y la lluvia de balas que
mataron a varios jóvenes. Ahí aparecen los militares y los policías federales. ¿Por
qué tanto interés en que no abandonaran Cocula unos autobuses? La PGR no da
cuenta de nada de esto.
Más que una
explicación sobre los hechos, lo que hizo Murillo en su informe fue un
ocultamiento de actos y situaciones. Sobre los militares, el entonces
procurador sólo dijo que nadie estaba inculpando a los soldados, lo cual era
cierto, pero ¿por qué no explicó que varios militares salieron de su cuartel y
fueron a los lugares de los hechos? A la fecha, el mando del Ejército no ha
querido dar ningún informe sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la
madrugada del día siguiente.
Es como si las fuerzas armadas fueran fantasmagóricas
pues no le rinden cuenta a la sociedad cuando se han atropellado derechos
humanos. Al respecto, dice la Constitución que la protección más amplia
corresponde a las personas cuando se deben interpretar los derechos humanos.
Hay que poner por delante a la gente y nunca a entes públicos o privados. No
puede haber protección a agentes para que no rindan informes castrenses o de
seguridad pública cuando de por medio están los derechos humanos. Esto no lo
quiere entender Peña Nieto, lo cual es condenable.
La autoridad
está obligada a averiguar todo y a informar todo. No debe ocultar nada. ¿Por
qué lo hace? Esta es la pregunta más interesante.
A propósito de
los ocultamientos, hay periodistas que les encanta que les oculten información
y se enfadan cuando alguien dice que la autoridad no ha dicho todo o que lo
dicho es erróneo. Algunos han escrito que el informe de los expertos es falso o
probablemente falso, en especial las conclusiones de un especialista en fuegos
de apellido Torero. Este perito dijo que no era necesario ir a Cocula pues lo
que debía analizar estaba en el expediente que le enviaron.
Sin embargo, fue,
dijo, a corroborar algunos datos. Su conclusión no corresponde con las
confesiones de uno o dos detenidos, pero hay periodistas que defienden la
prueba confesional y afirman que en Cocula participaron 100 peritos mexicanos
que ahora están siendo rebatidos por un solo perito peruano. ¡Qué ofensa al
país!
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