De rodillas ante el mundo

Héctor Tenorio

Imagen @PoliciaFedMx

Estados Unidos no piensa tolerar la ineficiencia del gobierno mexicano y exige que se aplique todo el peso de la ley a los que ayudaron a huir a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, el pasado 11 de julio. Se sienten engañados, no olvidemos que ellos participaron en su captura y luego se les negó la extradición del mismo. La recaptura del  fugitivo se ha vuelto prioridad para la Drug Enforcement Administration, (DEA), el FBI y sus subalternos los generales colombianos en retiro Rosso José Serrano, Ismael Trujillo Polanco y Luis Enrique Montenegro, quienes golpearon en su momento a los capos de los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, incluso diseñaron la caída de Pablo Escobar, en diciembre de 1993.

El gobierno federal consintió la ayuda extranjera al no lograr que el gabinete de seguridad y los órganos de inteligencia civiles y militares trabajen de manera coordinada para recapturar al líder del cártel de Sinaloa. La corrupción y la ineptitud son el obstáculo para que exista una verdadera cooperación. Es preocupante y lamentable que el Ejército, la Armada de México, la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), trabajan de manera individual en la caza del narcotraficante. El ambiente es tenso entre los militares y marinos, desde su óptica fueron traicionados por el gobierno federal, los funcionarios del gabinete de seguridad, los policías y los custodios del sistema penitenciario.

Para colmo el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Guanajuato, determinó iniciar un proceso penal a tres de los siete acusados de apoyar la fuga de Guzmán Loera, y decretó que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó los suficientes elementos de prueba para enjuiciar a dos funcionarios del centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y a dos del Centro Penitenciario que también habían sido acusados de ayudar al líder del cártel de Sinaloa, al no encontrar pruebas que justificaran su formal procesamiento. La PGR apelará esta determinación.

Ahora bien, la responsabilidad de este error recae en la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), su torpeza provocaría que queden impunes todos los autores y cómplices de la fuga del capo. Fundamentalmente porque no han preservado con rigor la cadena de custodia del lugar del crimen. No se podrá realizar una reconstrucción de hechos, y las pruebas periciales que se realicen durante el proceso perderán eficacia probatoria. Además los acusados podrían alegar que fueron violados sus derechos humanos.

Da la impresión que las autoridades lo hicieron para borrar cualquier indicio que permita la recaptura del criminal, además de impedir que impliquen a más sospechosos.

En este contexto, vale la pena destacar lo que se discutió el 27 de julio, en el Foro Extinción de Dominio, organizado por el Senado de la República. Ahí, el fiscal colombiano Julio Ospino Gutiérrez sostuvo que el delincuente mexicano habría tenido problemas para  construir un túnel si se le hubieran congelado todos los bienes. El subprocurador especializado de Investigación de Delitos Federales, de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, no tuvo otro remedio que reconocer que seis años después de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio, sus resultados dejan mucho que desear. ¡Vaya que la autocritica no es lo suyo! Las autoridades mexicanas no se cansan de hacer el ridículo ante el mundo que ve con incredulidad tanta corrupción y complicidad entre los narcotraficantes y la clase política.