Eduardo Ibarra Aguirre
Las expresiones
de descontento en la plaza pública de miles de profesores en decenas de
ciudades de los estados de Colima, Guanajuato y Tamaulipas en contra del tipo
de evaluación que aplica la Secretaría de Educación Pública y el
Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación –punitiva la llaman sus impugnadores, en lugar de la diagnóstica
como la que se aplica en Finlandia, dicen otros–, muestra que algo cambia en la
amplia y diversa base del sindicato dirigido por Juan Díaz. Y que si bien al
sustituto e incluso traidor de la aún prisionera (¿política?) Elba Esther
Gordillo, pareciera no inquietarle, el gobierno está en la obligación de tomar
cartas en el asunto si le interesa tanto como dice la reforma, y antes de que
el conflicto acaso lo desborde.
Reforma educativa, según
sus arquitectos, o administrativa y laboral, al decir de sus críticos, pero
todo indica que diseñada en las oficinas de París del tamaulipeco José Ángel
Gurría, e impulsada por los dueños de Televisa y sus socios mercantiles y
políticos, cuando es la empresa de Emilio Azcárraga la principal rémora de la
tarea educativa con su programación y contenidos de telebasura, con la
excepción del Canal 4, dirigido a una audiencia más informada, culta y
demandante.
Es la televisora más
grande e importante de habla hispana en la aldea global, la que más polariza a
las partes en conflicto al linchar diariamente, como en los tiempos de 24 Horas
y su titular recientemente fallecido, a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, magnificando errores de los dirigentes y actos
vandálicos cometidos, presuntamente, por algunos de sus activistas.
El caso más reciente y
escandaloso es el de los aspirantes chiapanecos rapados porque buscaban
participar en el concurso de ingreso y promoción de la educación media
superior. A una sola voz el tribunal mediático juzgó y sentenció a la CNTE,
pero negó el elemental derecho de réplica.
Dirigentes de las
secciones siete (Chiapas) y 22 (Oaxaca) se deslindaron de las inaceptables
practicas, exhortaron a que “se cumpla el compromiso de mantener una protesta
civil pacífica”, y los de la 22 mencionaron a provocadores infiltrados,
práctica ordinaria en México aunque los actos de vandalismo cometidos por
activistas facilitan el linchamiento.
Y a renglón seguido fue
puesta en juego “la denuncia de hechos” ante la Procuraduría General de la
República en contra de Rubén Núñez Ginés, por el júnior que dirige la
organización empresarial Mexicanos Primero, porque aquél no da clases pero cobra un “gran sueldo”.
Como si Díaz de la Torre cumpliera con sus obligaciones docentes, mas el antes
bailarín de Gordillo Morales es de casa, como Carlos Romero y Víctor Flores,
brutalmente enriquecidos y fieles servidores del sistema y de los propietarios
de México.
Comete un serio error el
titular del Ejecutivo federal si auspicia la polarización en este hondo
desencuentro, con los desacreditados servicios de lo que no pocos mexicanos
llaman “Teleidiotiza”, en lugar de exponer más y mejor las presuntas o reales
bondades de su proyecto.
Hasta Juan Díaz advierte
que “si vamos a ir a la evaluación por cientos de miles y no hay recursos para
acompañar a los maestros, seguramente no viviríamos el mejor de los
escenarios”.
O como preguntan los
profesores movilizados en Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, Miguel
Alemán, Nuevo Laredo, Victoria, San Fernando y Mante: “¿Quieren aquí otro
Oaxaca?”
El complejo tema
educativo no deja espacio para las simplificaciones de telenovela que
acostumbran en El canal de las estrellas y
también los imitadores de la “competencia”.
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