Rocío González Higuera
El senador Alejandro Encinas Rodríguez condenó los hechos ocurridos en
Santa María Ostula, comunidad indígena de Aquila, Michoacán, en donde elementos
del ejército mexicano arremetieron contra pobladores y elementos de la policía comunitaria del
lugar.
Foto www.ejecentral.com.mx |
El legislador expuso que en los
actos mencionados existió un uso excesivo de la fuerza del Estado en contra de
la población indígena que sufrió
agresiones y detenciones arbitrarias, entre las que destaca la de Cemeí
Verdia Zepeda, Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María
Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila,
Coahuayana y Chinicuila, en Michoacán.
"Hay una evidente violación de los derechos humanos. Los elementos castrenses no actúan conforme a
protocolo. Los pobladores están denunciando un ataque frontal por parte del
ejército en contra de mujeres y niños. Se habla ya de varios detenidos,
lesionados e incluso abatidos, entre ellos algunos menores. Es una situación
terrible. La autoridad que emitió esta orden debe dar cuenta de estos hechos ocurridos",
afirmó
El legislador se refirió también al hallazgo de 7 cuerpos en el
municipio de Jerez, Zacatecas, donde familiares de tres de las víctimas,
aseguran se tratan de los desaparecidos del pasado 7 de julio que fueron
privados de su libertad por elementos del 97 Batallón de Infantería del Ejército.
En el mismo tenor, el legislador señaló que se debe investigar a fondo
el homicidio de estas siete personas, entre las que se encontraban menores de
edad.
"El ejército ha estado involucrado en varios casos de crímenes de
lesa humanidad tan sólo en los tres años que van del gobierno de Enrique Peña
Nieto. Esto nos habla de la terrible corrupción que existe en las instituciones
del Estado y en las corporaciones policiacas.
Ahora resulta que quienes deben proporcionar y ser un referente de
seguridad son los principales señalados de estar cometiendo delitos de lesa
humanidad", aseveró.
El senador hizo un llamado enérgico a esclarecer los hechos y a dar con
los responsables que hayan incurrido en violaciones graves de los derechos
humanos.
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