Eduardo Ibarra Aguirre
El general secretario Salvador Cienfuegos
no hace honor a su nombre sino a su apellido cuando una y otra vez “Insiste en que los
cuarteles del Ejército están abiertos todos los días para la sociedad, pero
sostiene que ante quienes quieren ir a esos cuarteles a supuestamente
investigar sobre ese capítulo (la matanza de seis mexicanos y la desaparición
forzada de 43 más en Iguala), “no estamos dispuestos a permitirlo, es un
señalamiento que no es propio para nosotros porque no hemos cometido nada”.
(Excélsior, 9-VII-15).
Foto/Archivo |
El miércoles 15, padres de los desaparecidos
y profesores de la CETEG se enfrentaron con 300 elementos de la Policía Militar
frente a las instalación castrense, tras derribar parte de la reja principal,
dice el boletín de la Secretaría de la Defensa, mismo que no informó que los
soldados dispararon balas de goma y gases lacrimógenos “para salvaguardar la
integridad física del personal militar y de sus familias, así como la de las
instalaciones militares”, sólo que con “pleno respeto a los derechos humanos”.
Por fortuna el incidente no llegó a mayores, pero con la beligerancia de las
partes todo puede suceder.
Mas la simulación en
éste, como en casi todos los asuntos públicos, está a la orden del día. Los de
Comunicación Social de la Sedena (des)informaron que los manifestantes
exigieron que una “comisión de derechos humanos, sin precisar de qué organismo
estaría integrada la citada comisión”, ingresara a las instalaciones del campo
militar para realizar la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
Es del dominio público
que los expertos que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para el caso Iguala, solicita con insistencia el acceso a la instalación
militar y entrevistar a los procesados sin que tenga que hacerlo por medio del
Ministerio Público, como dispuso el gobierno mexicano que lo haga.
La simulación está,
pues, a todo lo que da. Por ejemplo, en la entrevista realizada muy a modo por Jorge
Fernández Menéndez, el entrevistado sentenció, como si formara parte del Poder
Judicial, sobre Ayotzinapa: “los responsables de los hechos están detenidos y
están siendo procesados, que penalmente no hay responsabilidad alguna de la
institución militar”. De la institución no, pero de los integrantes de ésta
está por verse.
Y si no
existe ninguna responsabilidad son pertinentes las preguntas de Vidulfo Rosales
Sierra: ¿Por qué se niegan a comparecer? ¿Por qué niegan que se inspeccione
éste y otros cuarteles?
Pero
tampoco se vale que el mismo abogado sentencie que “está muy claro que el 26
de septiembre los soldados recorrieron las calles y estuvieron en la escena del
crimen, por lo que es evidente que tienen responsabilidad en la
desaparición de los normalistas”.
La cancerígena
simulación no es privativa de los hombres y mujeres del poder institucional y
fáctico, aunque desde allí su ejercicio tenga mayores consecuencias.
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