Rocío González Higuera
- La Organización de Vecinos Unidos Santa Fé exige reunión y consulta pública para discutir sobre el tema
El Senador Alejandro Encinas
Rodríguez, fue invitado a la reunión de información y consulta sobre las
afectaciones que va a provocar la construcción del Tren Interurbano
México-Toluca, no solamente en materia de desarrollo urbano, si no
particularmente relativas desarrollo de las familias y a su patrimonio
ecológico y habitacional.
Imagen www.agu.df.gob.mx |
Convocado por la asociación
Vecinos Unidos Santa Fé, el Senador Alejandro Encinas señaló oportuna y
conveniente esta reunión para entender lo que está pasando en el país con esta
forma de gobernar y hacer negocios desde el gobierno sin importar la afectación
del patrimonio de los pueblos indígenas, y del patrimonio de las familias en
Santa Fé; ya que, mencionó, si algo ha caracterizado al grupo que encabeza
Enrique Peña Nieto es una asociación perversa entre la política, los negocios y
el poder.
Mencionó que si se analizan
las principales obras que ha impulsado el actual gobierno, en todas hay un
común denominador: no solamente es el otorgamiento de contratos de manera unilateral,
sin consultar a las comunidades afectadas en sus bienes o en sus recursos
naturales, sino la imposición de proyectos en donde siempre sale beneficiado un
sector muy definido; el de las empresas que desde el gobierno del Estado de
México se han favorecido, así como de personajes vinculados al grupo político
de Enrique Peña Nieto.
Es una especie de visión tolucocéntrica de las obras,
comentó el legislador por el Estado de México, que se están impulsando en todo
el país. Ejemplo de ello es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
que implicará el cierre del Aeropuerto Benito Juárez, donde seguramente querrán
construir un desarrollo inmobiliario con los mismos errores que el de Santa Fé;
lo que implicará la perdida de un patrimonio ecológico valioso y fundamental
como es lo que queda del Lago de Texcoco, eso que fue una zona lacustre tan
importante que incluía los grandes lagos de Texcoco, Zumpango, Xochimilco,
Chalco y los humedales de Tláhuac, de los cuales hoy queda una pequeña
proporción sobre la cual se quiere hacer un enorme negocio.
El Legislador apuntó que
para darse cuenta de la proporción de esta obra y sus implicaciones, es
necesario conocer que en los próximos años se van a invertir 169 mil millones
de pesos, que de invertirse en otras dos regiones del país implicarían la posibilidad de impulsar nuevos fondos de
desarrollo regional en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero; que son de las zonas
más marginadas del país, y donde el impacto y beneficio sería más importante;
pero como lo que se quiere es dejar un sello en el Edomex, quieren establecerlo
en una zona federal de un altísimo valor ambiental y donde está la mayor
concentración urbana y poblacional del país.
La inversión en Texcoco atraerá un
aumento del 33% en la población nacional. Esta obra también es un grave error
en las políticas de aprovechamiento y uso eficiente de los recursos y las
instalaciones públicas; porque echará a la basura más de 2 mil 500 millones de
pesos que se invirtieron para comprar tierras y hacer el aeropuertos en
Tizayuca, Hidalgo, Toluca, Cuernavaca, Puebla, el aeródromo de Pachuca y el que
se tiene en Atizapán de Zaragoza.
De tal manera que en lugar
de aprovechar todo este sistema de aeropuertos, para resolver la demanda de
vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se hace una nueva
inversión a costa de cerrar los aeropuertos que costaron miles de millones de
pesos de inversión. Esto sin considerar que el 10% de la inversión del
aeropuerto en Texcoco se utilizará para evitar que se hunda o se inunde, debido
al tipo de suelo que provocará hundimientos de hasta 39 centímetros anuales.
Encinas Rodríguez hizo
hincapié en que en el Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila, se
registran según el CENCOS más de 150 ataques contra activistas de derechos
humanos quienes se oponen a obras impuestas unilateralmente.
Este es el caso también de lo
que sucederá con la privatización del parque Nevado de Toluca, de la autopista
Atizapán-Atlacomulco, la ampliación del aeropuerto de Toluca y de lo que es la construcción del
Tren Interurbano México-Toluca.
Por lo que respecta al Tren
Interurbano, las licitaciones se iniciaron en el Edomex y se impuso al Distrito
Federal el seguimiento del trazo ya licitado. Además resulta gravísimo que una
de las empresas que ganara las licitaciones es OHL, ligada a Grupo Higa y a los
escándalos en la construcción del Viaducto Bicentenario; así como la empresa
Peninsular, cuyos principales socios son la familia Hank Ron vinculada al Grupo
Atlacomulco.
Se estima que la inversión será la de mayor envergadura y
contempla 38 mil millones de pesos, que deberán ejercerse hasta el año 2017. Es
decir, quieren terminar en dos años esa obra que consta de 58 kilometros y seis estaciones, una de las
cuales es la central de autobuses Observatorio. Y ya han sido licitadas tres de
las cuatro obras.
En la reunión, el legislador
reconoció la calidad y profesionalismo del estudio entregado por los vecinos de
Santa Fé, donde exigen al Gobierno Federal, Gobierno del Estado de México,
Gobierno del Distrito Federal, municipios, delegaciones, empresas e instancias
involucradas, lo siguiente:
- Suspensión definitiva de todas las obras que se imponen en la cuenca del Valle de México en las que el gobierno en contubernio con particulares incurren en actos de omisión, autoritarismo y corrupción, violando las garantías fundamentales de las y los ciudadanos.
- Se respeten garantías constitucionales y derechos humanos tales como: el derecho a la consulta de información, a la participación ciudadana, a la integridad jurídica, al trabajo, a la vivienda, al agua y a un medio ambiente sano.
- Exista un verdadero consenso con las y los vecinos que verán afectados por la construcción de diversos proyectos en la cuenca del Valle de México.
- Que las autoridades mencionadas en este documento realicen una exposición pública, abierta al diálogo con la ciudadanía y con el respaldo de universidades nacionales e internacionales; en donde detallen los intereses e impactos económicos, sociales, psicológicos, políticos, culturales y ecológicos de las distintas construcciones, obras públicas y megaproyectos que se realizan o realizarán en la cuenca del Valle de México.
- Cancelación del Tren Interurbano México-Toluca, en su trayecto por el Distrito federal o cambio de trazo del mismo, reubicándolo por un trayecto donde no se afecten los bosques y manantiales de la Sierra de las Cruces, así como la zona urbana y pueblos del poniente de la ciudad, en este caso a los habitantes del corredor de la Avenida Vasco de Quiroga-Camino a Santa Fé-Camino Real a Toluca.
En este sentido, el Senador
se comprometió a garantizar que se cumpla la solicitud de consulta vecinal para
la realización de esta obra, consulta que está amparada por las leyes vigentes
y que no puede faltar en una obra de esta envergadura.
A que se cumplan las recomendaciones
de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que ha emitido en cuatro ocasiones
medidas cautelares. A impedir que se rompa el plan rector, para el desarrollo
de la intercomunicación de la zona poniente; ya que es una zona muy compleja
por su densidad poblacional y su densidad urbana, por sus características
geológicas, con 16 barrancas, con las torres de alta tensión, características
que debieron considerarse para un proyecto de esta naturaleza.
Además, se solicitará un
informe sobre los riesgos en materia de protección civil, ya que esta zona se
ubica sobre las minas de donde se extrajo todo el material para construir la
ciudad, lo que representa grave riesgo
por hundimientos en vialidades, en viviendas, y los daños al patrimonio
inmobiliario, las afectaciones viales e inmobiliarias por la obra, y las expropiaciones
que se deberán realizarse, concluyó.
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